Experta de la FIDH acusa ‘malentendido’ del gobierno de Claudia Sheinbaum ante informe de la ONU sobre desapariciones forzadas y advierte impunidad estructural en México

CIUDAD DE MÉXICO.— La reacción del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) responde a un “malentendido” sobre el concepto de desapariciones forzadas, sostiene Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

De acuerdo con la especialista, existe la percepción dentro del gobierno de que reconocer las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad implicaría catalogar a México como un Estado fallido, lo cual —subraya— es incorrecto. “México vive una paradoja: por un lado hay instituciones que funcionan, elecciones y actividad económica, pero al mismo tiempo operan actores no estatales del crimen organizado que generan niveles de violencia comparables a los de un conflicto armado”, explica.

Impunidad y responsabilidad de altos mandos

Reyes considera que el informe del CED apunta en la dirección correcta al aplicar criterios del derecho penal internacional, que permiten identificar patrones sistemáticos en las desapariciones forzadas y rastrear la cadena de mando. Uno de los principales problemas, destaca, es la impunidad, ya que la mayoría de los casos se castiga únicamente a los autores materiales, dejando fuera a los responsables de alto nivel.

México

Desde la ONU le piden a Sheinbaum “respeto institucional” tras respuesta al informe sobre desaparición Forzada en México

La FIDH fue la primera organización en solicitar la activación del artículo 34 del CED, lo que derivó en la decisión del comité —el pasado 2 de abril— de llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU. La petición, presentada en febrero de 2025, contó con el respaldo de cientos de organizaciones y colectivos de búsqueda en México, y documentó el carácter sistemático y generalizado de las desapariciones, incluyendo casos recientes como el del Rancho Izaguirre en Jalisco.

Tensiones con el gobierno federal

Sobre la respuesta del gobierno mexicano, Reyes señala que, aunque es comprensible la molestia, el informe tiene un tono constructivo y busca fortalecer la acción estatal. Reconoce que la actual administración ha implementado medidas, pero advierte que no han sido suficientemente eficaces.

Con más de 132 mil personas desaparecidas en registros oficiales, la experta afirma que no es posible negar la existencia del fenómeno. No obstante, aclara que el actual gobierno no es el origen del problema, aunque sí enfrenta el reto de combatirlo en un contexto donde grupos criminales cooptan a servidores públicos para facilitar estas prácticas.

Puntos de conflicto: crímenes de lesa humanidad y actores no estatales

El gobierno mexicano ha cuestionado dos aspectos clave del informe:

• La referencia al Estatuto de Roma, que tipifica las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Reyes recuerda que esta clasificación ya está contemplada en la convención internacional correspondiente.
• La inclusión de actores no estatales como responsables. La experta enfatiza que la legislación internacional reconoce que estos delitos pueden cometerse cuando existe apoyo, autorización o aquiescencia del Estado.

Un precedente internacional

Para la activista, el caso mexicano podría marcar un precedente global al abrir el debate sobre el impacto del crimen organizado en los derechos humanos. Esto permitiría discutir estrategias internacionales más eficaces, respetando los estándares de protección.

Como ejemplo, menciona a Colombia, que tras años de resistencia reconoció que guerrillas y grupos paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad, lo que derivó en reformas profundas en su sistema de justicia.

Reyes advierte que, de mantenerse el ritmo actual de investigación, tomaría hasta 120 años esclarecer todos los casos en México, por lo que plantea la necesidad de un cambio estructural en el enfoque de investigación e incluso sugiere la posibilidad de llevar el tema ante la Corte Penal Internacional.

Negación y evolución del reconocimiento

La especialista considera que la reacción del gobierno actual refleja una fase de negación, similar a la vivida en administraciones anteriores. Recuerda que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se negaba la existencia de desapariciones forzadas hasta que la magnitud del problema obligó a reconocerlo.

Entre 2023 y 2025 se registraron 28 mil desapariciones, según cifras oficiales. Aunque no todas se clasifican como forzadas, existen casos emblemáticos —como el de un exfuncionario de seguridad en Tabasco acusado de este delito— que evidencian la posible colusión entre autoridades y crimen organizado.

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Corrupción y participación estatal

Reyes subraya que uno de los problemas centrales es la captura de estructuras del Estado por el crimen organizado, lo que facilita la comisión de desapariciones. Aclara que no todos los casos implican participación estatal, pero muchos ocurren en contextos de corrupción, lo que exige investigaciones más profundas.

Como evidencia, la FIDH documentó casos en estados como Coahuila y Nayarit, donde se identificaron patrones de colaboración entre policías y grupos criminales, incluyendo detenciones arbitrarias y entrega de víctimas a organizaciones delictivas.

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