Trabajadores mineros denunciaron amenazas del narco y pidieron ayuda militar pero autoridades no actuaron mientras fiscalía afirma que no existen denuncias contra la empresa señalada

Trabajadores de una mina en Zacatecas denunciaron amenazas del crimen organizado y solicitaron apoyo del Ejército y la Marina para proteger su integridad durante un proceso sindical, pero las autoridades no respondieron a tiempo, según documentos oficiales.

De acuerdo con información de La Jornada, los señalamientos involucran a la empresa Orla Mining; sin embargo, la fiscalía estatal asegura que no existe ninguna denuncia formal, lo que evidencia una fuerte contradicción institucional.

¿Qué ocurrió?

El conflicto surgió durante la disputa por la titularidad del contrato colectivo de trabajo en la mina Camino Rojo, donde participa el Sindicato Nacional Minero.

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Durante el proceso:

• Obreros reportaron presencia de civiles armados
• Denunciaron amenazas de muerte
• Solicitaron apoyo a fuerzas federales

El Tribunal Laboral incluso pidió intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para garantizar una votación sin violencia.

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¿Por qué es importante?

El caso expone un posible vínculo entre actividad minera y crimen organizado, además de fallas en la respuesta de las autoridades.

Puntos clave:

• Se trataba de un proceso para definir la representación sindical
• Se denunció un ambiente de intimidación constante
• Autoridades locales reconocieron falta de elementos de seguridad

Esto generó condiciones que pudieron afectar la libertad del voto.

¿Qué dijo el panel del T-MEC?

El mecanismo laboral del tratado comercial concluyó que existió:

• Un “efecto disuasivo” por meses de amenazas
• Interferencia en la decisión sindical
• Presunta participación de actores externos en el proceso

Incluso se señaló a la empresa como responsable de injerencia patronal.

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¿Qué postura tiene la fiscalía?

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, afirmó que:

• No hay denuncias formales contra la empresa
• Existe comunicación constante con el gremio minero
• Desconocía la resolución del panel internacional

El funcionario sostuvo que se enteró del caso por medios y reiteró que “no tenemos ninguna denuncia”.

¿Qué acciones tomaron las autoridades?

El tema fue discutido en la Mesa de Seguridad encabezada por el gobernador David Monreal Ávila.

Sin embargo, en lugar de contactar a los trabajadores, se acordó:

• Establecer contacto con la empresa señalada

Lo que ha generado cuestionamientos sobre la atención a las víctimas.

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¿Existen antecedentes en la zona?

Sí. En noviembre de 2024 ocurrió un hecho grave relacionado con la actividad minera:

• Un comando armado asaltó camiones de carga minera
• Fueron robados trailers con oro y plata
• Conductores y guardias fueron retenidos

El ataque ocurrió cerca de la mina Camino Rojo, en una ruta clave entre Zacatecas y Saltillo.

Hasta ahora:

• No hay detenidos
• La investigación sigue sin resultados públicos

¿Qué riesgos enfrentan los trabajadores?

El caso refleja un entorno complejo:

• Presencia de grupos armados
• Posibles vínculos entre actividad económica y crimen
• Falta de respuesta efectiva de autoridades

Además, se reportaron casos como el de un trabajador que sobrevivió a un intento de agresión en su domicilio.

¿Qué significa esto?

En términos simples: Mientras trabajadores denuncian amenazas graves, las autoridades aseguran que no existen denuncias formales, lo que deja el caso en una zona de incertidumbre.

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¿Qué podría pasar ahora?

El caso podría derivar en:

• Investigaciones más profundas sobre la empresa y su entorno
• Revisión internacional bajo el T-MEC
• Presión para mejorar la seguridad en zonas mineras

La situación en Zacatecas refleja un choque entre versiones oficiales y denuncias de trabajadores, en un contexto donde la seguridad y los derechos laborales están en juego.

La falta de coincidencia entre autoridades y afectados abre dudas sobre la efectividad de los mecanismos de protección y la capacidad institucional para responder ante posibles vínculos entre crimen organizado y actividad económica.