Gasolineros denuncian que la ASEA ignora el esquema RENAGAS al clausurar estaciones en proceso de regularización, lo que contradice el acuerdo que protege al 90% del sector frente a cierres por retrasos burocráticos

MÉXICO.- El sector de distribución de combustibles en México enfrenta una crisis administrativa que amenaza la estabilidad de cientos de estaciones de servicio y plantas de gas LP. Representantes del gremio han manifestado su preocupación ante un incremento inusual de verificaciones y cierres por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Lo que resulta alarmante para los empresarios es que estas sanciones ocurren incluso cuando los negocios están inscritos en el esquema de regularización conocido como RENAGAS. De acuerdo con reportes de cámaras industriales y quejas enviadas a la autoridad, estas acciones contradicen los acuerdos previos que buscaban formalizar al sector sin interrumpir sus operaciones.

¿Qué es el RENAGAS y por qué no se están respetando sus reglas?

El Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (RENAGAS) es un programa oficial diseñado para que los establecimientos operen dentro de la ley mientras completan sus trámites pendientes. Actualmente, más del 90% de los negocios del sector están adheridos a este esquema.

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El beneficio principal del programa es claro: la autoridad se comprometió a evitar la clausura inmediata de las instalaciones que ya están en proceso de regularización. Las reglas establecen que un cierre solo debe proceder si existe un riesgo inminente para la seguridad de las personas o el medio ambiente. Sin embargo, los afectados señalan que la ASEA está ignorando esta excepción, cerrando negocios por detalles administrativos que, en muchos casos, la propia agencia no ha resuelto debido a sus retrasos internos.

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Cambios en la ASEA: Nuevos mandos y criterios arbitrarios

Para los empresarios del ramo, el cambio en la forma de trabajar de la agencia coincide con la llegada de nuevos perfiles a los puestos de toma de decisiones. Señalan directamente a Andrea González Hernández, titular de la ASEA, y a Rodulfo de la Fuente Pérez, director de Verificaciones, como los responsables de endurecer los criterios de inspección sin previo aviso.

Las denuncias, que se han mantenido bajo el anonimato por “temor a posibles represalias o consecuencias negativas adicionales contra sus negocios”, sugieren que las revisiones actuales carecen de claridad técnica. Los gaseros y gasolineros insisten en que su voluntad es cumplir con la ley, pero se encuentran atrapados en un círculo vicioso: la autoridad les exige permisos que ella misma tarda meses o años en entregar.

Seguridad vs. Proceso administrativo

Para entender el conflicto, es necesario analizar los objetivos de ambas partes:

1. La postura de la ASEA: Bajo la nueva gestión de Andrea González Hernández, quien asumió la titularidad este abril de 2026 tras su paso por la Profeco, la agencia ha enfatizado que la regularización no es una “licencia de impunidad”. La autoridad argumenta que las clausuras responden a fallas técnicas o falta de documentación crítica que compromete la operación segura del sector.
2. La postura de los gaseros y gasolineros: Los representantes del gremio aseguran que su compromiso con la ley es total, pero enfrentan un “cuello de botella”. Señalan que la falta de resolución en permisos y trámites esenciales por parte de la propia administración es lo que los mantiene en un estatus de incumplimiento técnico, a pesar de estar inscritos en los programas de buena fe.

¿Cómo afecta esto al consumidor mexicano?

Aunque este parece un conflicto meramente administrativo, el impacto puede llegar pronto a su bolsillo y a su movilidad. La clausura de estaciones de servicio reduce la oferta de combustible en zonas específicas, lo que puede provocar filas más largas y, eventualmente, un aumento en los costos de distribución. El sector energético ha reiterado su disposición para trabajar bajo los lineamientos originales, pidiendo únicamente que se respeten los tiempos de la propia autoridad y se garantice el debido proceso para evitar que el abasto de energía en México se vea comprometido.