Fiscal Anticorrupción de Morelos enfrenta denuncia por presuntos “moches” de hasta 25% a víctimas que recibieron pagos por reparación de daños mientras él responde que las acusaciones son reacción a sus investigaciones y se dice dispuesto a ser investigado por la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red que habría cobrado hasta 25% del dinero destinado a víctimas de delitos como reparación del daño. La información fue dada a conocer por el diario Reforma y por una denuncia formal presentada por una funcionaria estatal.

De acuerdo con la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, la denuncia ya fue turnada a la FGR debido a que los recursos involucrados son de origen federal, lo que obliga a una investigación a nivel nacional.

¿De qué acusan al Fiscal y a su hijo?

Según la denuncia, Díaz Rogel y su hijo, Leonel Díaz Grajales, habrían operado una red para obtener beneficios económicos a partir de recursos destinados a víctimas.

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Denuncian ante la FGR a Fiscal Anticorrupción de Morelos por presunta red de “moches” de hasta 25% a víctimas que recibían reparación del daño con recursos federales

Los señalamientos principales incluyen:

• Uso indebido de información confidencial de víctimas
• Presunto tráfico de influencias
• Cobro de honorarios de hasta 25% del monto recibido por reparación del daño
• Intervención en expedientes para favorecer casos específicos

La acusación indica que el hijo del fiscal, tras haber trabajado en la Comisión de Atención a Víctimas, tuvo acceso a bases de datos y expedientes, los cuales posteriormente habría utilizado para representar legalmente a víctimas y orientar sus casos hacia la obtención de recursos federales.

¿Cómo operaba presuntamente la red?

La denuncia describe un posible esquema coordinado entre instituciones:

1. Acceso a información privilegiada desde la Comisión de Víctimas
2. Selección de casos con potencial de obtener recursos federales
3. Representación legal privada de las víctimas por parte del hijo del fiscal
4. Cobro de comisiones mediante contratos privados
5. Intervención institucional desde la Fiscalía Anticorrupción

Además, se señala que la Fiscalía habría solicitado información sobre expedientes relacionados con clientes del propio hijo del fiscal, lo que, según la denunciante, pudo generar presión institucional sobre la Comisión.

¿Qué delitos podrían configurarse?

De acuerdo con la denuncia presentada, las conductas señaladas podrían constituir:

• Peculado
• Tráfico de influencias
• Ejercicio abusivo de funciones
• Intimidación institucional
• Extorsión

También se advierte un posible trato desigual a víctimas, al alterar el orden de atención para beneficiar casos específicos.

¿Qué dijo el Fiscal Anticorrupción?

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos informó que Leonel Díaz Rogel rechazó categóricamente los señalamientos, aunque no negó directamente la publicación periodística.

“El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Leonel Díaz Rogel, rechazó categóricamente los señalamientos y subrayó que dicha versión es una reacción a las indagatorias que desarrolla la institución”, indicó la dependencia.

El funcionario sostuvo que las acusaciones serían una respuesta a investigaciones en curso contra funcionarios y exservidores públicos, y agregó:

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Denuncian ante la FGR a Fiscal Anticorrupción de Morelos por presunta red de “moches” de hasta 25% a víctimas que recibían reparación del daño con recursos federales

“Este tipo de versiones no frenarán las carpetas y los actos de investigación que se iniciaron meses atrás”.

Además, reiteró su disposición a colaborar:

“Expresó su plena disposición para colaborar con autoridades e instancias jurisdiccionales que puedan intervenir en este caso”.

¿Por qué interviene la FGR?

La denuncia solicita la intervención de la Fiscalía General de la República debido a que los recursos presuntamente afectados provienen de:

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
• Fondo de Reparación Integral

Ambos son de carácter federal, lo que convierte el caso en un asunto de posible responsabilidad penal a nivel nacional.

¿Qué sigue en el proceso?

La denunciante pidió:

• Apertura formal de una carpeta de investigación
• Práctica de diligencias para esclarecer los hechos
• Determinación de responsabilidades penales
• Medidas de protección debido al riesgo derivado de la denuncia

Por ahora, el caso se encuentra en etapa inicial y será la autoridad federal la encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder.

¿Qué implica este caso para las víctimas?

Más allá del conflicto político o institucional, el punto central es el impacto en las víctimas de delitos. De confirmarse las acusaciones, el caso evidenciaría:

• Posible desvío o reducción de recursos destinados a reparación del daño
• Desigualdad en el acceso a apoyos
• Uso de información sensible con fines privados

Este escenario refuerza la importancia de que las investigaciones se realicen con transparencia y con enfoque en la protección de quienes dependen de estos fondos para su recuperación.

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