Denuncian ante la FGR a Fiscal Anticorrupción de Morelos por presunta red de “moches” de hasta 25% a víctimas que recibían reparación del daño con recursos federales
La acusación señala que el funcionario y su hijo habrían usado información confidencial y cargos públicos para influir en expedientes y cobrar comisiones a personas afectadas; piden investigar delitos como peculado, tráfico de influencias y extorsión institucional.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red que cobraba “moches” de hasta 25% a víctimas de delitos que recibían recursos por reparación del daño.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, los hechos involucran también a su hijo, Leonel Díaz Grajales, quien habría participado en la obtención de beneficios económicos a partir de expedientes de víctimas.
La información proviene de la denuncia formal interpuesta por la funcionaria estatal y fue retomada por Agencia Reforma, donde se detallan posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a personas afectadas por delitos.
¿Cómo operaba presuntamente la red?
Según el documento, padre e hijo habrían actuado desde posiciones estratégicas dentro del aparato institucional:
- Díaz Rogel, desde la Fiscalía Anticorrupción.
- Díaz Grajales, desde la Comisión de Atención a Víctimas.

La denuncia señala que ambos se habrían coludido para intervenir en expedientes específicos, facilitando que ciertas víctimas accedieran a recursos federales, pero bajo la condición de pagar honorarios elevados.
Tras su paso por la Comisión en 2024, Díaz Grajales tuvo acceso a:
- Expedientes de víctimas
- Bases de datos sensibles
- Procesos de reparación integral
Posteriormente, ya fuera de la institución, habría utilizado esa información para representar legalmente a personas previamente registradas, orientando sus casos hacia la obtención de recursos del fondo federal.
¿Qué tipo de cobros se realizaban?
La denuncia indica que, mediante contratos privados, el hijo del fiscal pactaba honorarios de hasta 25% del monto recibido por las víctimas como reparación del daño.
Este esquema es señalado como un posible abuso, ya que los recursos provenían de fondos públicos destinados a garantizar justicia y apoyo a personas afectadas por delitos.
¿Qué papel tuvo la Fiscalía Anticorrupción?
Otro de los puntos clave es que, durante el mismo periodo, la Fiscalía Anticorrupción —encabezada desde mayo de 2025 por Díaz Rogel— solicitó información confidencial sobre expedientes vinculados a personas representadas por su propio hijo.

Para la denunciante, esto pudo generar:
- Presión institucional sobre la Comisión de Víctimas
- Intervención indebida en procesos administrativos
- Ventaja en el acceso a recursos públicos
¿Qué delitos podrían configurarse?
La Comisionada señaló que estas conductas podrían constituir varios delitos, entre ellos:
- Peculado
- Tráfico de influencias
- Ejercicio abusivo de funciones
- Intimidación y extorsión institucional
Además, se advierte que los recursos involucrados provienen de:
- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
- El Fondo de Reparación Integral
Ambos de carácter federal, lo que justifica la intervención de la FGR.
¿Qué efectos tuvo en las víctimas?
La denuncia también advierte posibles afectaciones directas a las víctimas, como:
- Alteración en el orden de atención
- Trato desigual en la asignación de recursos
- Favorecimiento de expedientes específicos
Esto habría ocurrido mediante el uso de información privilegiada y la intervención de funcionarios con poder de decisión.
¿Qué sigue en el caso?
La funcionaria solicitó formalmente:
- La apertura de una carpeta de investigación
- La realización de diligencias para esclarecer los hechos
- La determinación de responsabilidades penales
- Medidas de protección ante posibles riesgos derivados de la denuncia
Hasta el momento, se trata de una acusación formal que deberá ser investigada por la autoridad federal correspondiente.
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