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México enfrenta crisis de desaparecidos y el Gobierno busca usar reos como informantes para encontrar víctimas, pero la ley vigente impide negociar beneficios en delitos como secuestro y trata y limita el nuevo protocolo 2026

Especialistas advierten que la ley actual aún impide negociar beneficios en delitos como secuestro y trata, pese al nuevo Protocolo Homologado de Búsqueda 2026 que activó el gobierno y permite el uso de informantes sentenciados.

México enfrenta crisis de desaparecidos y el Gobierno busca usar reos como informantes para encontrar víctimas, pero la ley vigente impide negociar beneficios en delitos como secuestro y trata y limita el nuevo protocolo 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la crisis de desapariciones en México, el Gobierno federal actualizó en 2026 el Protocolo Homologado de Búsqueda, incorporando nuevas herramientas para localizar a personas desaparecidas. La información se desprende del documento oficial del protocolo, así como de declaraciones recogidas por Agencia Reforma y especialistas en búsqueda.

El cambio más relevante es la posibilidad de utilizar informantes sentenciados, es decir, personas privadas de la libertad con condena firme que puedan aportar datos sobre el paradero de víctimas a cambio de incentivos legales. Esta opción antes solo estaba disponible para personas con procesos abiertos.

Además, el protocolo establece nuevas categorías de búsqueda y elimina el concepto de “persona no localizada”, con el objetivo de activar de inmediato las acciones de búsqueda desde el primer reporte.

¿Cómo funcionaría el uso de reos como informantes?

El documento oficial indica que las autoridades ministeriales deben buscar mecanismos legales para incentivar la colaboración de personas privadas de la libertad que tengan información relevante.

“Debe informar a la Fiscalía Especializada y explorar conjuntamente las vías legales disponibles para incentivar la colaboración”.

Ilustrativa de archivo (Banco digital GH)

Este esquema se limita a la búsqueda individualizada, que puede activarse de inmediato en casos donde exista indicio de delito o cuando las víctimas pertenezcan a grupos prioritarios, como:

  • Niñas, niños y adolescentes
  • Mujeres
  • Periodistas
  • Defensores de derechos humanos

Las Comisiones de Búsqueda también podrán identificar posibles informantes durante sus labores y canalizar la información a las fiscalías correspondientes.

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¿Por qué este plan enfrenta obstáculos legales?

Aunque el protocolo abre la puerta a estos acuerdos, especialistas advierten que la legislación actual no permite negociar beneficios en ciertos delitos, como secuestro o trata de personas.

El buscador Fernando Vargas explicó:

“Mientras no cambie la ley, no va a ser posible. Nosotros estamos peleando con eso”.

Según detalló, las autoridades evitan realizar este tipo de interrogatorios por el riesgo de violar derechos humanos o invalidar pruebas dentro de un proceso penal.

Además, señaló que las familias de personas desaparecidas han planteado otra prioridad:

“Nosotros no queremos formalidades; queremos el derecho a la verdad, a la vida y a la búsqueda de nuestros desaparecidos”.

En ese contexto, algunas propuestas incluyen la reducción de condenas a cambio de información, aunque esto requeriría cambios legales para aplicarse de forma válida.

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¿Qué otros cambios introduce el protocolo?

El nuevo modelo define cinco tipos de búsqueda:

  • Inmediata
  • Individualizada
  • Por patrones
  • Generalizada
  • De familia

También establece la obligación de generar informes de resultados que serán enviados a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para evaluar la efectividad de estas medidas.

Búsqueda en agua: un método que ahora se formaliza

Otro de los cambios clave es la incorporación formal de la búsqueda en cuerpos de agua, una práctica que ya se realizaba desde hace años, pero que no estaba integrada en el protocolo.

Ilustrativa de archivo. | Crédito: Secretaría de Marina‑Armada de México.

Este método contempla operativos en:

  • Océanos y zonas marinas
  • Ríos, lagos y lagunas
  • Presas, canales y pozos
  • Áreas superficiales y subacuáticas

El antecedente de esta medida se remonta a casos detectados en el Estado de México y en la Ciudad de México, donde se han localizado restos humanos en canales y zonas acuáticas, con un repunte desde 2022.

¿Cómo se realizarán estas búsquedas en agua?

Cuando participe la Secretaría de Marina, las acciones deberán alinearse con el sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México.

Los operativos deberán contar con:

  • Vehículos marítimos para exploración subacuática
  • Drones con cámaras térmicas
  • Personal certificado en búsqueda

Además, cada intervención deberá registrarse con detalle, incluyendo recursos utilizados y hallazgos, y se exigirá capacitación especializada para el personal.

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