El gobierno cuestiona informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México y señala “falta de rigor” y omisión de avances institucionales recientes, defiende acciones desde 2018 y reformas impulsadas en 2025

MÉXICO — El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó el reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, al considerar que no refleja los avances institucionales realizados en los últimos años. La postura oficial fue difundida mediante un comunicado de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, en el que se cuestiona el contenido y la metodología del documento internacional.

De acuerdo con Proceso, desde la administración federal se argumentó que el análisis presentado por el organismo carece de rigor jurídico y presenta conclusiones parciales y sesgadas. Además, se acusó que el documento contiene una interpretación tendenciosa y basada en premisas consideradas débiles por las autoridades mexicanas. Incluso, el gobierno señaló un posible conflicto de interés en uno de los integrantes del comité, por su relación previa con organizaciones que han denunciado al Estado mexicano.

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¿Qué señala el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas?

De acuerdo con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, existen indicios fundados de que en México se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El documento sostiene que estas prácticas responden a ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, detectados en distintos periodos y regiones del país.

El informe fue remitido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como parte del seguimiento internacional a la situación de los derechos humanos en México. Este señalamiento representa uno de los puntos más críticos del análisis presentado por el organismo.

Respuesta del gobierno: diferencias con administraciones anteriores

En su posicionamiento, el gobierno mexicano sostuvo que los señalamientos del comité se centran en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, periodo que corresponde a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bajo este argumento, la actual gestión afirmó que no existen elementos que indiquen una política federal sistemática de desapariciones durante los gobiernos recientes.

El comunicado oficial indicó que, “a diferencia de periodos anteriores”, no hay evidencia de ataques organizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión del Estado en la etapa posterior a 2018. Con ello, se busca deslindar a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación de las conclusiones más severas del informe.

Críticas a la metodología y omisiones del informe

Otro de los puntos señalados por las autoridades es que el informe habría omitido considerar información actualizada entregada por México. Según el gobierno, el comité rechazó analizar datos recientes, incluyendo las reformas legislativas e institucionales impulsadas para atender el problema de las desapariciones.

En ese sentido, se destacó que el documento no incorpora los esfuerzos presentados el 27 de marzo, los cuales forman parte de la estrategia actual para enfrentar este fenómeno. La administración federal sostiene que esta omisión afecta la objetividad del análisis internacional.

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