Es oficial: Carlota “N”, la abuelita de Chalco, continuará su proceso bajo prisión domiciliaria a partir de este miércoles 1 de abril; estará sujeta a vigilancia judicial

MÉXICO.- La tarde de este miércoles, Carlota “N”, una mujer de 74 años, salió del penal de Chalco para continuar su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.

Su salida ocurre tras la concesión de un amparo federal que modificó su situación jurídica por razones de salud y edad.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y reportes judiciales del caso, la imputada seguirá enfrentando cargos por homicidio calificado y cohecho, aunque ahora desde su domicilio y bajo supervisión de la autoridad, indicó El Universal.

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Carlota “N”, la abuelita de Chalco, que disparó contra unos invasores en su propiedad, saldrá de la cárcel para continuar con su proceso penal en su domicilio

Al salir, la mujer se mostró emocionada y sostuvo ante medios que lo ocurrido fue un acto de defensa:

“Fue un mal rato… se debió a un acto de defensa propia”.

¿Qué pasó el 1 de abril de 2025 en Chalco?

El caso se remonta a un hecho ocurrido en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de la Candelaria Tlapala, en Chalco.

Según la carpeta de investigación:

• Carlota “N” disparó contra tres personas
• Dos hombres, identificados como Esaú y Justin, murieron
• Un menor de edad resultó herido

De acuerdo con la versión de la defensa y familiares, la mujer y sus hijos enfrentaron a un grupo que presuntamente intentaba despojarlos de una propiedad familiar.

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¿Por qué se le acusa y cuál es su defensa?

Las autoridades estatales imputaron a Carlota “N” por:

• Homicidio calificado
• Cohecho

Mientras tanto, su defensa sostiene que actuó en legítima defensa, argumentando que la agresión ocurrió en el contexto de un intento de despojo.

Este punto será clave en el desarrollo del juicio, ya que determinará si su actuación fue legal o constituyó un delito.

¿Por qué obtuvo prisión domiciliaria?

Aunque inicialmente se dictó prisión preventiva para ella y sus hijos, la situación cambió tras un amparo federal reciente.

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Carlota “N”, la abuelita de Chalco, que disparó contra unos invasores en su propiedad, saldrá de la cárcel para continuar con su proceso penal en su domicilio

El cambio de medida cautelar se basó en:

• Su edad (74 años)
• Condiciones de salud, como hipertensión
• Necesidad de tratamiento constante por diabetes

Desde el inicio del proceso se había planteado la posibilidad de arraigo domiciliario, pero fue hasta ahora que se concretó.

¿Qué implica la prisión domiciliaria?

La prisión domiciliaria no significa libertad total ni absolución.

En este caso:

• Carlota “N” deberá permanecer en su domicilio
• Estará sujeta a vigilancia judicial
• Podría utilizar dispositivos de monitoreo electrónico
• Debe cumplir con condiciones establecidas por el juez

El proceso penal continúa y podría extenderse durante varios meses.

¿Qué se sabe sobre la propiedad en disputa?

Uno de los elementos relevantes del caso es la situación legal del inmueble.

Según información presentada por la defensa:

• La propiedad ya fue reconocida como perteneciente a la familia de Carlota
• Uno de los implicados en el presunto despojo, Víctor Heladio Torres Ortiz, fue sentenciado a seis años de prisión

Este antecedente forma parte del contexto que será evaluado durante el juicio.

¿Qué pasará ahora con el caso?

El proceso penal sigue abierto y se mantiene en etapa judicial.

Las autoridades deberán determinar:

• Si hubo legítima defensa
• Si existió uso excesivo de la fuerza
• La responsabilidad penal de la imputada

La resolución dependerá de las pruebas presentadas por ambas partes. El caso refleja un tema recurrente en el país: los conflictos por propiedad y los límites legales de la defensa propia.

Aunque la imputada ya no está en prisión, su situación legal no está resuelta. La decisión final dependerá de lo que determine el juez con base en las pruebas y el contexto del caso.

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Por ahora, el proceso sigue en curso y se mantiene como un caso relevante para entender cómo se aplican las medidas cautelares y la figura de la legítima defensa en México.