Claudia Sheinbaum niega que la revocación de permisos a 336 organizaciones civiles tenga fines políticos: afirma que es una medida técnica autónoma del SAT

MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que la reciente cancelación de permisos para recibir donativos deducibles de impuestos a 336 organizaciones de la sociedad civil sea una medida dirigida contra las voces críticas de su gobierno.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó esta acción de manera autónoma, basándose estrictamente en el cumplimiento de obligaciones fiscales y no en criterios ideológicos.

De acuerdo con las declaraciones oficiales de la presidencia y los reportes emitidos por el órgano recaudador (SAT), esta determinación no fue consultada con el Poder Ejecutivo antes de su publicación.

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“No es que el SAT me pregunte: ‘Oiga, presidenta, le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos...’”

—  Claudia Sheinbaum

Enfatizó la mandataria al aclarar que se enteró de la cifra y los nombres de las agrupaciones afectadas una vez que la noticia se hizo pública.

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Una evaluación técnica frente al cumplimiento fiscal

El punto central de la postura presidencial es que la revocación responde a una “evaluación técnica”. Según la explicación de Sheinbaum, el SAT opera bajo sus propios protocolos para asegurar que todas las entidades que gozan de beneficios fiscales mantengan su documentación en orden.

La medida ha generado controversia debido a que en el listado aparecen organizaciones dedicadas a la documentación de actos de corrupción y evaluación de políticas públicas, tales como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa y el IMCO. Sin embargo, el gobierno sostiene que el estatus de estas organizaciones como entes críticos no las exime de las responsabilidades administrativas que comparten con el resto de las asociaciones civiles en el país.

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¿Cuáles fueron las faltas señaladas por el SAT?

Es importante comprender que para mantener la autorización de recibir donativos, las organizaciones deben cumplir con una serie de requisitos de transparencia y control. Según las fuentes oficiales, las irregularidades que motivaron la cancelación de los 336 permisos incluyen:

• Omisiones en declaraciones: No presentar la declaración anual de ingresos y egresos o la declaración informativa requerida.
• Adeudos y multas: Contar con multas no pagadas o procesos legales sin concluir ante la autoridad fiscal.
• Falta de actualización: No informar sobre cambios en la situación fiscal o no actualizar la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando corresponde.

La presidenta reiteró que el cumplimiento de estas obligaciones es lo que garantiza que el SAT actúe de manera justa, asegurando que no se trate de una “embestida” contra la sociedad civil, sino de un ejercicio de disciplina administrativa.

Para el lector es fundamental distinguir que el SAT, aunque forma parte de la administración pública, posee facultades para sancionar a cualquier contribuyente, ya sea una empresa, un individuo o una organización sin fines de lucro.

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En este caso, la falta de transparencia en los movimientos financieros o el descuido en los trámites anuales son las causas que la autoridad utiliza para justificar la pérdida del beneficio fiscal.

La presidenta Sheinbaum concluyó que, si bien respeta la labor de las organizaciones, el Estado debe velar por que todas las instituciones operen bajo el mismo marco legal. El futuro de estas organizaciones dependerá ahora de su capacidad para solventar las irregularidades detectadas y, en su caso, solicitar nuevamente la certificación una vez que regularicen su situación ante el fisco.