Congreso de Guanajuato avanza en creación de Registro de Agresores Sexuales de menores adolescentes, además tipifica el delito de reclutamiento de menores por crimen organizado

GUANAJUATO, México.- La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato aprobó el dictamen para reformar el Código Penal y crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, una iniciativa enviada por la gobernadora Libia García Muñoz León en septiembre de 2025 que concentrará información de sentenciados por delitos sexuales contra infantes y adolescentes.

Los legisladores analizaron propuestas del PAN y Morena para crear un nuevo tipo penal que castigue el reclutamiento y utilización forzada de menores por parte de grupos de la delincuencia organizada, delito que podría alcanzar hasta 25 años de prisión.

Las modificaciones legales buscan fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes en el estado, ante un contexto donde la violencia y la delincuencia organizada han encontrado formas de involucrar a menores en actividades ilícitas.

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¿Cómo funcionará el Registro de Agresores Sexuales?

El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales será administrado y operado por la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica de esta institución.

Este registro concentrará exclusivamente la información de personas que hayan recibido una sentencia condenatoria por cometer delitos sexuales contra infantes y adolescentes.

Es decir, solo aparecerán quienes ya hayan sido juzgados y declarados culpables por un tribunal.

Para su creación, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Estado.

Estas instituciones emitieron sus comentarios y observaciones sobre la iniciativa, con el objetivo de ajustar el funcionamiento del registro a los marcos legales existentes y garantizar su operatividad.

El registro tiene como propósito que las autoridades, instituciones educativas, organizaciones civiles y la ciudadanía en general puedan consultar si una persona ha sido sentenciada por estos delitos, especialmente en contextos donde exista contacto con menores de edad.

La propuesta original fue enviada por la gobernadora Libia García Muñoz León al Congreso local en septiembre de 2025, como parte de las estrategias estatales para prevenir la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia.

Delito de reclutamiento de menores: Dos iniciativas, un objetivo

Paralelamente a la creación del registro, la Comisión de Justicia analizó dos propuestas legislativas que buscan tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos.

Ambas iniciativas, aunque presentadas por separado, reconocen una misma realidad: La utilización de menores por parte de la delincuencia organizada para cometer ilícitos, un fenómeno que ha ido en aumento en diversas regiones del país.

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El 13 de noviembre de 2025, los diputados del PAN presentaron ante el pleno una iniciativa para reformar y adicionar artículos al Código Penal del Estado. La propuesta contempla la creación del artículo 239 b, que establece textualmente:

“A quien por cualquier medio obligue, emplee, facilite o induzca a una persona menor de dieciocho años a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, se le impondrá de seis a quince años de prisión y de quinientos a cinco mil días multa”

Esta reforma propone un tipo penal autónomo, es decir, un delito específico que no depende de la comisión de otros ilícitos.

El nuevo delito sería considerado como grave, lo que implica medidas cautelares más estrictas y la imposibilidad de beneficios como la libertad condicional en ciertos casos.

Una semana después, el 20 de noviembre, los legisladores de Morena presentaron su propia iniciativa. En este caso, optaron por reformar el delito de trata de personas para agravar las penas cuando las víctimas sean menores de edad.

La propuesta morenista establece que cuando “el delito es cometido en contra de niños, niñas y adolescentes con el fin de que participen en las actividades ilícitas de los grupos delictivos; la punibilidad se incrementará de dos tercios del mínimo a dos tercios del máximo”.

Esto significa que, si una persona es condenada por trata de personas y se demuestra que la víctima fue utilizada para actividades delictivas, la pena base se incrementará en la proporción señalada.

Siguientes pasos en el Congreso

Con la aprobación del dictamen en comisión, la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales deberá ser votada por el pleno del Congreso en los próximos días.

De obtener la mayoría necesaria, la Fiscalía General del Estado tendría un plazo para implementar el registro y ponerlo en operación.

En cuanto a las iniciativas sobre reclutamiento de menores, la Comisión de Justicia continuará el análisis para determinar si se fusionan ambas propuestas en un solo dictamen o si se presentan por separado al pleno.

Los legisladores buscarán alcanzar consensos que permitan tipificar el delito de manera efectiva y con penas proporcionales a la gravedad de la conducta.

La discisión sobre cuál de las dos vías legales es más efectiva —crear un delito autónomo o agravar el delito de trata— será parte del debate legislativo en las próximas semanas.

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