Se jubilaron de Pemex y Luz y Fuerza, ahora cobran pensiones de hasta un millón de pesos al mes, ¿Quiénes salen en la lista de los 20 más beneficiados?
La revisión oficial abarcó empresas energéticas y banca de desarrollo, y colocó otra vez en la discusión pública el costo de esquemas heredados de retiro financiados con recursos públicos, mientras avanza una reforma para limitar futuras pensiones a la mitad del salario presidencial.
CIUDAD DE MÉXICO.- — La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno difundió un listado de personas jubiladas y pensionadas de organismos federales con corte al 31 de diciembre de 2025, en el que aparecen casos con percepciones mensuales superiores al millón de pesos.
La revisión incluyó a Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro en liquidación y varias instituciones de banca de desarrollo. La información fue publicada originalmente por El Economista y otros medios a partir de los datos abiertos difundidos por la dependencia.
De acuerdo con la información disponible, la publicación se justificó como un ejercicio de transparencia sobre pagos cubiertos con recursos públicos.
La obligación de poner a disposición el listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben aparece en el artículo 70, fracción XLII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
¿Quiénes aparecen con los montos más altos?
Entre los casos reportados, el monto mensual más alto corresponde a Carlos Arturo Sánchez Magaña, ex funcionario de Pemex, con 1 millón 107 mil pesos al mes. También aparecen Jorge Evodio Chapa de la Torre, ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro, con 1 millón 77 mil pesos, así como Edgar Velázquez Butrón y Kenneth Sydney Smith Jacobo, ambos con 1 millón 37 mil pesos mensuales.
En el mismo grupo de percepciones elevadas figura Salvador Quero García, ex trabajador de Pemex, con 987 mil pesos mensuales.
Los reportes periodísticos coinciden en que los montos más altos se concentran en el sector energético, sobre todo en extrabajadores de Pemex y de Luz y Fuerza del Centro. Un análisis de EL PAÍS sobre los documentos oficiales señaló que cuatro personas superan el millón de pesos mensuales y que miles de pensiones rebasan el salario de la presidenta.
¿Quiénes son los pensionados que más cobran al mes de la listad?
- Carlos Arturo Sánchez Magaña (Pemex): $1,107,361 pesos mensuales
- Jorge Evodio Chapa de la Torre (LyFC): $1,077,533
- Edgar Velázquez Butrón (LyFC): $1,037,341
- Kenneth Sydney Smith Jacobo (LyFC): $1,037,291
- Salvador Quero García (Pemex): $987,978
- Gustavo Adolfo Marrón Peña (LyFC): $980,526
- Jorge Ernesto Moreno Tovar (Pemex): $976,512
- Jorge Luis Talamantes Montoya (Pemex): $972,626
- Mardoqueo Staropolsky Nowalski (LyFC): $924,057
- Jaime González Gutiérrez (LyFC): $919,609
- Felipe Pérez Flores (LyFC): $919,559
- Humberto Ramírez Núñez (LyFC): $919,527
- Juan Gerardo Ruiz Maldonado (LyFC): $919,513
- Carlos Spinola Velázquez (LyFC): $882,484
- Alejandro Valadez Urrutia (Pemex): $655,515
- Mario Francisco Espinosa Estrada (Pemex): $500,052
- José Luis Lupercio Pérez (CFE): $451,251
- Carlos Víctor Manuel Carreto y Fernández (CFE): $433,440
- Guillermo Gil Arias (Pemex): $410,181
- Hugo Hasael Cruz Alavez (CFE): $358,122
¿Qué instituciones fueron revisadas?
Según la información difundida, la revisión oficial abarcó registros de:
- Petróleos Mexicanos
- Comisión Federal de Electricidad
- Luz y Fuerza del Centro
- Nacional Financiera
- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
- Banco Nacional de Comercio Exterior
- Banco Nacional de Crédito Rural
En contraste con el sector energético, las pensiones más altas en la banca de desarrollo se ubican en rangos considerablemente menores. Distintos reportes señalan que, en instituciones como Nacional Financiera o Bancomext, los montos más altos suelen colocarse entre 130 mil y 200 mil pesos mensuales, lejos de los registros superiores al millón de pesos observados en empresas estatales de energía.
¿Qué argumentó la autoridad federal?
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que la difusión de los datos busca fortalecer la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos y exhibir el costo que todavía generan esquemas heredados de jubilación y pensión.
También señaló que detectó diferencias en la forma en que las instituciones reportan la información y que ahora se buscará homologar la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Además, la dependencia vinculó esta revisión con la discusión legislativa sobre las llamadas “pensiones doradas”. Según su posicionamiento público, la difusión de los listados también sirve para respaldar una política de austeridad y revisión del gasto previsional en entidades públicas.
¿Qué decidió el Senado sobre estas pensiones?
El Senado de la República aprobó por unanimidad, el 11 de marzo de 2026, una reforma al artículo 127 constitucional para poner un límite a las pensiones de trabajadores de confianza en organismos descentralizados y empresas productivas del Estado. De acuerdo con la cobertura legislativa y periodística, el proyecto fija como tope 70 mil pesos mensuales, equivalente a la mitad del salario presidencial, y fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar su trámite.
La misma discusión legislativa abrió reservas sobre la retroactividad de la medida. Mientras la mayoría defendió el cambio como una corrección al gasto público, legisladores de oposición señalaron dudas sobre certeza jurídica y sobre el criterio elegido para fijar el tope.
¿Por qué este caso es relevante?
El caso es relevante por tres razones principales:
- Coloca bajo escrutinio el uso de recursos públicos en pagos de jubilación y pensión.
- Muestra que los montos más altos siguen concentrados en estructuras laborales heredadas de empresas estatales.
- Coincide con una reforma constitucional en curso para redefinir los límites de estas percepciones.
También revela una diferencia importante entre sectores. Mientras en energía aparecen pensiones superiores al millón de pesos, en banca de desarrollo los montos más altos son sensiblemente menores.
Esa disparidad ayuda a explicar por qué el debate público se ha centrado sobre todo en Pemex, Luz y Fuerza del Centro y, en menor medida, en CFE.
¿Qué sigue después de la publicación?
Por ahora, la publicación de los listados no implica por sí misma la cancelación inmediata de pagos ya autorizados.
El efecto jurídico más amplio dependerá del avance de la reforma constitucional y de su eventual aprobación en la Cámara de Diputados, así como de la forma en que se resuelvan los debates sobre derechos adquiridos y aplicación de nuevas reglas.
En paralelo, la autoridad federal ha planteado homologar criterios de transparencia para que los datos sobre jubilados y pensionados se publiquen de forma comparable entre instituciones. Ese paso será clave para medir con mayor precisión el costo total de estos esquemas en el sector público
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