Ernestina Godoy afirmó que el Estado debe garantizar atención integral a niñas y niños que quedan en orfandad por feminicidio, desde apoyo psicológico hasta protección legal

El Estado mexicano está comprometido con garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes quedan en situación de orfandad por feminicidio, afirmó la fiscal general Ernestina Godoy Ramos durante una reunión interinstitucional en la Ciudad de México.

El encuentro se realizó en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) y reunió a autoridades de distintas instituciones que trabajan en la protección de menores en contextos de violencia extrema.

Derechos de menores afectados por feminicidio

Godoy Ramos señaló que la violencia feminicida no solo arrebata la vida de mujeres, sino que deja huellas profundas en la infancia y adolescencia, al deshacer familias y comunidades.

Mexicali

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En este contexto, dijo que los niños, niñas y adolescentes que pierden a sus madres deben ser reconocidos como víctimas indirectas, con acceso a atención psicológica, médica y social, además de acompañamiento para proteger su desarrollo integral.

Responsabilidad de las autoridades

La fiscal explicó que tanto las fiscalías como los agentes del Ministerio Público tienen la responsabilidad no solo de investigar el delito de feminicidio, sino también de identificar y garantizar la protección de menores afectados desde el inicio de la investigación.

Esto incluye asegurar que los menores reciban medidas de asistencia y reparación integral del daño, con un enfoque de derechos humanos que ponga en el centro sus necesidades y bienestar.

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Registro nacional y atención integral

Durante la reunión también se destacó la importancia de construir un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Orfandad por Feminicidio.

Según autoridades, este registro permitirá coordinar mejor las políticas públicas, asegurando que la atención integral deje de ser una aspiración y se convierta en una práctica sostenida y efectiva.

La titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, dijo que la orfandad por feminicidio “no puede ser una realidad invisible” y que la respuesta institucional debe ser integral, articulada y permanente.

Lo que implica para las familias

Este compromiso del Estado significa que, además de castigar penalmente los delitos que afectan a mujeres, las autoridades deben atender y proteger de manera activa los derechos de las infancias que quedan atrás.

También se busca que los menores tengan acceso a programas de apoyo que contribuyan a su resiliencia emocional, salud y desarrollo social, reduciendo el impacto de la violencia extrema en sus vidas.

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Papel de las instituciones públicas

La reunión interinstitucional reunió a representantes de diferentes dependencias del Estado, que coincidieron en que la respuesta debía ser coordinada y sostenida en el tiempo.

La construcción del registro y la definición de protocolos de atención marcarán la pauta para fortalecer la protección de los derechos de menores en situaciones de orfandad por violencia extrema.