PRI reportó el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez, dirigente priísta en Guerrero; exige investigación y resultados

CIUDAD DE MÉXICO.- — Manuel Añorve Baños, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, informó el asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada, identificada como dirigente del partido en la región de la Costa Chica de Guerrero.

A través de redes sociales, el legislador condenó el crimen y pidió una investigación inmediata. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con lo difundido por Manuel Añorve Baños:

México

Senadora del Partido Verde defiende la existencia de un salón de belleza dentro del Senado, al asegurar que ella pagó por el servicio y que no se financia con recursos públicos

• Claudia Ivett Rodríguez Estrada fue asesinada en la región de la Costa Chica de Guerrero.
• Era dirigente del Partido Revolucionario Institucional en esa zona.
• El hecho fue dado a conocer públicamente mediante redes sociales.

No se han detallado públicamente las circunstancias del homicidio ni el lugar exacto donde ocurrió.

¿Qué declaró Manuel Añorve Baños?

En su mensaje, el legislador:

• Condenó el asesinato.
• Exigió a las autoridades “una investigación a fondo y resultados inmediatos”.
• Solicitó que el crimen no quede impune.

Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y manifestó respaldo a Alejandro Bravo Abarca, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero.

¿Qué han dicho las autoridades?

Hasta el momento:

• No existe posicionamiento público de la Fiscalía correspondiente.
• No se han informado avances en la investigación.
• No se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

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La información disponible se limita a lo expresado por el coordinador parlamentario.

¿Por qué es relevante este caso?

El asesinato de una dirigente partidista en una región específica del estado de Guerrero:

• Se inscribe en un contexto de violencia política en distintas zonas del país.
• Genera exigencias de esclarecimiento por parte de actores legislativos.
• Requiere la activación de protocolos de investigación ministerial.

La determinación de responsabilidades dependerá de las diligencias que realicen las autoridades competentes.