La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla pidió presentar denuncias formales tras acusaciones de extorsión y cobros de hasta 50 mil pesos por plazas a cerca de 250 elementos, señaladas en una carta abierta dirigida al gobernador Alejandro Armenta Mier

Puebla — La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla solicitó que se presenten denuncias formales ante las autoridades correspondientes luego de que circulara una carta abierta en redes sociales donde se denuncian presuntos actos de corrupción dentro de la dependencia.

El documento, atribuido a trabajadores de un área adscrita a la institución, señala presuntos actos de extorsión, abusos de autoridad y cobros indebidos dentro de la estructura operativa del organismo.

Las acusaciones fueron difundidas públicamente y dirigidas a la ciudadanía y al gobernador Alejandro Armenta Mier, con el objetivo de solicitar la intervención de las autoridades estatales.

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La información fue publicada originalmente por El Sol de Puebla.

Respuesta de la Secretaría de Movilidad

En respuesta a las acusaciones, la Secretaría de Movilidad y Transporte emitió un comunicado en el que aseguró que mantiene una política institucional de cero tolerancia a la corrupción.

La dependencia, encabezada por Silvia Tanús, señaló que cualquier conducta que vulnere la legalidad será investigada conforme a los procedimientos correspondientes.

En el comunicado se indicó que los trabajadores que cuenten con información o pruebas sobre los presuntos hechos deben presentar denuncias formales, con el fin de que las autoridades puedan iniciar las indagatorias.

La institución también afirmó que colaborará con las instancias responsables de investigar este tipo de casos para que la situación se resuelva con transparencia y apego a la legalidad.

¿Cuáles son las acusaciones señaladas en la carta?

De acuerdo con el documento difundido, los trabajadores denunciaron la existencia de una presunta red de corrupción dentro de la dependencia.

Entre los señalamientos se menciona al comandante Jaime Oropeza González, a quien atribuyen supuestos cobros para la asignación de plazas.

Según el contenido de la carta:

• Se habrían solicitado pagos de entre 40 mil y 50 mil pesos para otorgar plazas laborales
• Estas cuotas habrían sido solicitadas a aproximadamente 250 elementos
• También se mencionan presuntos cobros diarios de entre 500 y 1,000 pesos por unidad

En el documento también se señala que algunas personas fueron designadas como “jefes de grupo” sin contar con trayectoria policial o perfil jurídico adecuado para desempeñar esas funciones.

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Los trabajadores que firmaron la carta indicaron además presuntos vínculos con grupos delictivos, aunque no se presentaron pruebas dentro del documento difundido públicamente.

Señalamientos sobre condiciones laborales

Además de las acusaciones de corrupción, el documento expone presuntas irregularidades en las condiciones laborales del personal.

Entre los señalamientos se menciona que algunos trabajadores enfrentarían:

• Jornadas laborales de entre 16 y 18 horas diarias
• Periodos de hasta 15 días consecutivos de trabajo antes de recibir un día de descanso

También señalaron que el personal carecería de una figura jurídica clara que respalde sus funciones, lo que, según la carta, ha derivado en situaciones de riesgo durante operativos o confrontaciones con operadores del transporte público.

Los trabajadores indicaron que en algunos casos habrían sufrido agresiones físicas por parte de particulares, sin contar con respaldo institucional suficiente.

Señalamientos sobre capacitación y cobros internos

La carta también plantea presuntas deficiencias en la formación del personal.

Según los denunciantes, gran parte de la capacitación se habría impartido de manera virtual, mientras que la preparación presencial habría durado solo dos semanas en la Academia de Policía Estatal.

Asimismo, los trabajadores denunciaron que se les solicita el pago de cooperaciones de aproximadamente 1,000 pesos por unidad, destinadas supuestamente a cubrir deducibles de seguros en caso de incidentes con vehículos.

De acuerdo con el documento, los empleados consideran que ese gasto debería ser cubierto por la dependencia, por lo que solicitaron revisar estas prácticas.

¿Qué pidieron los trabajadores?

En la parte final del documento, los trabajadores solicitaron la intervención de instancias de control interno del gobierno estatal.

Entre sus peticiones destacan:

• Intervención del Órgano Interno de Control
• Investigación del patrimonio de los funcionarios señalados
• Auditoría a la estructura operativa del área
• Destitución del funcionario mencionado y su equipo de trabajo

Los firmantes señalaron que realizaron el llamado por temor a represalias, pero con la intención de que se revisen las condiciones laborales y el funcionamiento interno de la dependencia.