FGR investigaba la ‘narconómina’ del CJNG desde diciembre del 2024 y giró orden de aprehensión contra “El Mencho” hasta el 2 de noviembre de 2025 por delincuencia organizada, tráfico de armas y trata, antes de su muerte en Tapalpa
Orden judicial revela que la FGR documentó presunta corrupción a autoridades y pago de nóminas del CJNG desde 2025, lo que llevó a solicitar que el caso de “El Mencho” se procesara fuera de Jalisco.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) investigaba desde finales de 2024 y formalmente durante 2025 la presunta narconómina y la estructura operativa de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La orden de aprehensión en su contra fue girada el 2 de noviembre de 2025, meses antes de que fuera abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.
De acuerdo con la orden judicial y la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0001023/2024, citadas por El Universal, la FGR documentó presuntos pagos sistemáticos a integrantes del grupo criminal y actos de corrupción dirigidos a autoridades municipales, estatales, federales e incluso a funcionarios de la propia institución.
La investigación incluye delitos como delincuencia organizada con fines de acopio y tráfico de armas, así como trata de personas, y también involucra a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, señalado como posible sucesor en la estructura del grupo.
¿Desde cuándo investigaba la FGR a “El Mencho”?
La carpeta de investigación inició el 30 de diciembre de 2024, tras una denuncia anónima relacionada con actividades de reclutamiento en Jalisco.
Posteriormente, el 2 de noviembre de 2025, se giró la orden de aprehensión contra Oseguera Cervantes y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán.
Según el oficio FGR/FEMDO/FEITATA/9858/2025, la Fiscalía solicitó que el caso fuera atendido por autoridades adscritas al Centro Federal de Máxima Seguridad, conocido como El Altiplano, en el Estado de México. El argumento fue que el líder criminal tenía fuerte influencia en Jalisco.
En el expediente se señala:
Sus miembros han logrado corromper autoridades de nivel municipal, estatal y federal, inclusive a personal de la propia Fiscalía General de la República (…)”
La Fiscalía sostuvo ante el juez que era necesario sacar el proceso del ámbito territorial donde el grupo tenía poder.
¿Qué es la presunta narconómina del CJNG?
La orden judicial describe una estructura financiera destinada a pagar sueldos a integrantes del cártel, adquirir armas y financiar enfrentamientos.
El documento detalla que el dinero era utilizado:
“Con el objeto de financiar la compra de armas de fuego, pago de nóminas de los integrantes del cártel, así como la distribución de dinero para la guerra (…)”
También se menciona que los recursos se destinaban a enfrentamientos con otros grupos delictivos y contra Fuerzas Armadas.
¿Qué revelan los testimonios sobre el reclutamiento y entrenamiento?
La investigación incluye declaraciones de testigos identificados como “El Elegante” y “Piscis”, quienes describieron un esquema de reclutamiento mediante ofertas laborales falsas, engaños o por voluntad propia.
Los nuevos integrantes eran trasladados a campamentos conocidos como:
- La Escuelita
- Rancho Izaguirre
- Casa Tortuga
En estos sitios, según el expediente, recibían entrenamiento en:
- Uso y desarme de armas largas y cortas
- Manejo de ametralladoras y rifles Barret
- Uso de granadas
- Operación de drones adaptados con explosivos
En el documento se señala que en esos campamentos había:
“Un considerable número de armas largas, cortas, ametralladoras, granadas, drones adaptados para portar explosivos, chalecos balísticos y equipo táctico militar (…) todo ello sin el permiso correspondiente o pertenecer a las Fuerzas Armadas”.
Los testigos afirmaron que, tras completar el entrenamiento, los reclutas eran evaluados y enviados con “El 90”, quien decidía su asignación dentro de la organización.
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¿Cómo estaba estructurado el mando del CJNG?
La orden judicial describe una estructura piramidal. En la parte superior se ubicaba Oseguera Cervantes. Bajo su mando estaban al menos tres comandantes identificados como:
- “El Sapo”
- “El Guty” o “El Señor de las Tacomas” (actualmente detenido)
- “El Jardinero”
A cada uno se le asignaba territorio para la venta de narcóticos y la recolección de ganancias.
La Fiscalía sostiene que tanto “El Mencho” como “El Sapo” daban instrucciones directas a subordinados respecto de actividades ilícitas.
¿Qué otros hechos se le atribuyen?
En el expediente se menciona que el 26 de junio de 2020 habría ordenado la ejecución del entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Además, se documenta que presuntamente ordenaba atentados contra autoridades e instituciones para demostrar presencia y capacidad operativa.
¿En qué estados tenía presencia el grupo?
Según la investigación, la organización tenía presencia en:
- Colima
- Guanajuato
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Michoacán
- Jalisco
- Ciudad de México
Este despliegue territorial formó parte de los argumentos de la Fiscalía para solicitar la intervención de un juzgado federal en el Estado de México.
Contexto: investigación previa al operativo en Tapalpa
La orden de aprehensión fue emitida meses antes del operativo en Tapalpa, donde Oseguera Cervantes fue abatido el 22 de febrero. La existencia de una investigación activa desde 2024 y la formalización judicial en noviembre de 2025 muestran que el caso no se originó de manera inmediata, sino como parte de un seguimiento prolongado.
La información citada proviene de la orden judicial y la carpeta de investigación referidas por El Universal, con base en documentos oficiales de la FGR.
¿Qué sigue tras la muerte del líder?
La orden también incluyó a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, considerado por la Fiscalía como posible sucesor en el mando.
El proceso judicial contra otros integrantes señalados en la investigación continúa. La autoridad federal mantiene abiertas líneas relacionadas con tráfico de armas, trata de personas y financiamiento ilícito.
Para el lector, este caso muestra cómo las investigaciones federales pueden extenderse por años, apoyarse en denuncias anónimas, declaraciones de testigos y análisis financiero, y terminar en órdenes judiciales que buscan desarticular estructuras completas y no solo a un líder.
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