Juez ordena a la Sedena entregar 853 documentos del caso Ayotzinapa, al concluir que no pueden reservarse por interés público

Un juez federal otorgó un amparo a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar documentos de inteligencia que habían sido retenidos por las autoridades militares.

Esta resolución judicial marca un paso importante en la investigación de uno de los casos más sensibles de derechos humanos en México.

La orden fue emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que determinó que el Ejército no puede negar información relevante que podría ayudar a esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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¿Qué documentos debe entregar la Sedena?

La sentencia judicial establece que SEDENA debe proporcionar al menos 853 folios que forman parte de la información producida por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) durante 2014.

Estos documentos corresponden a comunicaciones y reportes que las familias y grupos de derechos humanos han solicitado desde hace años.

El fallo indica que esta información no puede ser clasificada como confidencial o secreta debido al interés público y al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad.

¿Por qué no se habían entregado antes?

Durante años, las familias de los 43 normalistas han denunciado que el Ejército no ha proporcionado todos los documentos militares generados en Iguala en 2014, lo que ha dificultado el avance de las investigaciones.

Los padres presentaron un juicio de amparo en agosto de 2023, argumentando que la Sedena había omitido datos importantes pese a que existían indicios de que estos documentos estaban en su poder.

La orden judicial responde a una brecha documentada de folios que no habían sido entregados y que podrían contener información clave para entender lo que ocurrió la noche de la desaparición de los estudiantes.

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¿Qué implicaciones tiene para la investigación?

Este fallo judicial reconoce el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad y obliga a SEDENA a colaborar sin restricciones con las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos subrayan que esta información podría aportar elementos relevantes sobre la actividad de las autoridades y el seguimiento de los estudiantes durante los días en que fueron vistos con vida por última vez.

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Además, la orden judicial enfatiza que la discontinuidad de los folios no significa que los documentos no existan, sino que es un indicio de que están en poder de las autoridades militares y deben ser entregados.

¿Qué sigue ahora?

Una vez notificada la resolución, SEDENA está obligada a entregar los documentos faltantes. Si no cumple, podría enfrentar sanciones legales.

Las familias de los normalistas han mantenido desde 2014 una lucha constante para acceder a la verdad, y este fallo representa un avance en ese proceso tras años de solicitudes y recursos legales.

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