Senado recibió iniciativa para reducir altas pensiones de CFE y Pemex mientras prevén un ahorro de hasta 5 mil millones de pesos al año

CIUDAD DE MÉXICO.- — La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una iniciativa para modificar el artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de establecer un límite a las pensiones que reciben exfuncionarios de organismos públicos.

La propuesta busca evitar que estos ingresos superen el salario de la titular del Poder Ejecutivo y reducir lo que el gobierno considera pagos excesivos financiados con recursos públicos.

De acuerdo con información difundida por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, a través de un video publicado en redes sociales, la reforma busca fijar un tope para que las pensiones de exfuncionarios no excedan el 50% del salario de la presidenta, lo que equivaldría a alrededor de 70 mil pesos mensuales.

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¿Qué propone la reforma al artículo 127 constitucional?

La iniciativa plantea modificar el marco constitucional que regula los salarios y remuneraciones de servidores públicos para incluir límites claros también en las pensiones de quienes ocuparon cargos en instituciones del Estado.

Entre los puntos principales de la propuesta se encuentran:

• Establecer que las pensiones de exfuncionarios no superen el 50% del salario presidencial.
• Aplicar el límite a exempleados de organismos públicos como:
• Banco de México
• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• Evitar que existan pensiones superiores a 70 mil pesos mensuales, tomando como referencia el ingreso de la presidencia.

La reforma forma parte de las medidas orientadas a controlar el gasto público relacionado con remuneraciones dentro del sector gubernamental.

¿Cuánto dinero podría ahorrar el gobierno?

Según explicó la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, si la reforma es aprobada se estima un ahorro anual de cinco mil millones de pesos.

La legisladora explicó el objetivo de la propuesta en el mensaje difundido públicamente:

El objetivo de este proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE no ganen más que el 50 por ciento de lo que gana la presidenta de la República, en sus pensiones. Es decir, que no ganen más de 70 mil pesos mensuales”.

La senadora también señaló el impacto que tendría en las finanzas públicas:

Va a haber un ahorro importantísimo, ni más ni menos que cinco mil millones de pesos anuales, que pueden servir para programas sociales”.

¿Qué pasará ahora con la iniciativa?

Una vez presentada en el Senado, la propuesta seguirá el proceso legislativo correspondiente.

Los siguientes pasos serán:

• Turno de la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
• Elaboración de un dictamen legislativo.
• Discusión y votación en el pleno del Senado.

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Si la reforma constitucional es aprobada por el Congreso, posteriormente deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales, como ocurre con todas las modificaciones a la Constitución.

¿Por qué se plantea limitar estas pensiones?

El argumento central de la iniciativa es que existen pensiones otorgadas a exfuncionarios de organismos públicos que superan el salario de la presidenta de la República.

El gobierno federal sostiene que estos pagos representan un gasto elevado del erario y que establecer un límite permitiría un uso distinto de esos recursos.

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La senadora Castillo Juárez indicó que el tema será discutido públicamente en el Senado.

Este tema, que es tan sentido para la población, se atenderá de cara a la nación con la mayor responsabilidad por parte de este órgano legislativo”.

Contexto: debate sobre salarios y pensiones públicas

El artículo 127 constitucional establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor que la del presidente de la República.

Sin embargo, el debate sobre pensiones de exfuncionarios y sistemas de retiro en organismos públicos ha continuado en los últimos años.

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La iniciativa enviada por la presidenta busca extender ese principio también a las pensiones financiadas con recursos públicos.

La discusión legislativa definirá si el límite propuesto se incorpora al marco constitucional y cómo se aplicaría en los distintos organismos del Estado.