Tendrán un muro atravesando su casa: Habitantes de Laredo denuncian presión federal para ceder terrenos ribereños ante expansión del muro con México
Antonio Rosales Jr., de 75 años, relató que el gobierno le notificó que parte de su vivienda sería demolida si no firma la autorización correspondiente:
México/EEUU.- La profesora Nayda Álvarez recibió una notificación del gobierno federal que le concede cinco días para decidir si permite que un muro fronterizo atraviese su jardín en Texas.
De no aceptar, advierte el documento, su vivienda podría ser expropiada, según el portal web El Sol De México.
El caso se da en el marco del reforzamiento de la frontera sur de Estados Unidos impulsado por el presidente republicano, quien reiteró sus medidas antimigrantes y planes de infraestructura durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso.
Propiedades en la ribera del río en riesgo
En Laredo, ciudad fronteriza con más de 250 mil habitantes —mayoría hispana—, decenas de viviendas se ubican a lo largo del Río Grande (río Bravo), que funciona como frontera natural entre Estados Unidos y México.
En febrero, al menos 60 propietarios recibieron una carta titulada: “Aviso de interés: Propiedad cerca de la construcción de proyectos fronterizos”.
Antonio Rosales Jr., de 75 años, relató que el gobierno le notificó que parte de su vivienda sería demolida si no firma la autorización correspondiente:
“Recibimos una carta del gobierno que dice que van a derrumbar parte de mi casa y que tengo cinco días para firmar los papeles”.
Plan de “muro inteligente”
El gobierno federal proyecta construir un “muro inteligente” a lo largo de los más de 3 mil kilómetros de frontera con México. Aproximadamente un tercio del trayecto ya contaba con barreras antes del segundo mandato de Trump.
El plan contempla:
- Nuevos muros físicos
- Barreras acuáticas
- Caminos de patrullaje
- Tecnología de detección
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló que, para lograr el “control operativo de la frontera”, debe construir la infraestructura necesaria conforme a la ley, lo que implica contactar a propietarios para adquirir terrenos.
Las opciones para los propietarios
El documento enviado a Nayda Álvarez, fechado el 13 de febrero, plantea tres alternativas:
- Recibir mil dólares para permitir el acceso a la propiedad.
- Negociar un contrato de compra o servidumbre con el gobierno.
- En caso de negativa, enfrentar la expropiación.
“Ese muro pasaría por mi jardín”, explicó Álvarez, residente de La Rosita, comunidad ubicada a 140 kilómetros al sureste de Laredo.
Organizaciones como el Centro de Estudios Internacionales del Río Grande brindan asesoría a los afectados. El activista Édgar Villaseñor sostiene que se trata de una “apropiación masiva de tierras” en el sur de Texas.
Impacto ambiental y económico
En Eagle Pass, a 180 kilómetros al noroeste de Laredo, el parque principal fue militarizado en enero de 2024. Se instalaron boyas, cercas y alambres de púas, bloqueando el acceso al río.
Jessie Fuentes, de 65 años, quien ofrecía paseos en kayak, asegura que las restricciones afectaron gravemente su negocio.
Activistas denuncian también daños ecológicos, al limitar el flujo natural del agua y el acceso de fauna al río. En la localidad de Quemado, se levantaron muros en 2025, cerca de tumbas de migrantes hallados en la zona.
Villaseñor cuestiona la narrativa oficial sobre la amenaza migratoria:
“La necesidad del muro es muy falsa. Quienes lo dicen son personas en Washington D.C. Quienes viven a lo largo del río no le temen a nada”.
Incertidumbre y temor
Mientras algunos propietarios han firmado por presión o desconocimiento, la mayoría evalúa resistir. Para otros, como Rosales Jr., la preocupación es más inmediata:
“Va a ser raro para nosotros irnos después de tantos años, pero el gobierno es el gobierno y puede pasar por encima”.
El debate sobre el muro fronterizo reabre tensiones entre seguridad nacional, derechos de propiedad, impacto ambiental y tejido comunitario en las ciudades fronterizas del sur de Texas.
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