Trump recibió otro “golpe” de un juez federal que declaró como ilegal su política de deportaciones rápidas a terceros países
El juez suspendió su entrada en vigor durante 15 días para permitir que el gobierno federal presente una apelación.

BOSTON, Estados Unidos.- — Un juez federal de Estados Unidos declaró ilegal la política impulsada durante la administración de Donald Trump que permite la deportación rápida de migrantes indocumentados a países distintos a los de su origen, sin brindarles una oportunidad real de expresar temor de persecución o tortura.
La resolución fue emitida por Brian Murphy, juez del Tribunal de Distrito de Massachusetts, con sede en Boston. De acuerdo con lo informado por Univision, el fallo establece que este tipo de expulsiones vulnera las leyes que protegen a las personas contra la persecución y la tortura.

Aunque la decisión es definitiva en ese tribunal, el juez suspendió su entrada en vigor durante 15 días para permitir que el gobierno federal presente una apelación, debido a la “importancia” del asunto.
¿Qué resolvió el juez y por qué es relevante?
En su decisión, el juez Murphy determinó que no es legal deportar a migrantes a países que no sean su nación de origen sin darles una oportunidad significativa de plantear sus temores.
En términos prácticos, esto significa que:
- No basta con trasladar a una persona a un tercer país.
- El gobierno debe garantizar que pueda exponer si enfrenta riesgo de persecución.
- Se deben respetar las leyes que protegen contra la tortura y el trato inhumano.
El juez sostuvo que la política impugnada viola normas federales que garantizan protección humanitaria básica, por lo que ordenó que sea derogada.
¿Qué implica la suspensión de 15 días?
Aunque el fallo declara ilegal la política, su aplicación quedó pausada por 15 días.
Esto permite al gobierno:
- Presentar un recurso de apelación.
- Solicitar que tribunales superiores revisen la decisión.
- Intentar mantener vigente la política mientras se resuelve el litigio.
Este tipo de suspensión es común en casos de alto impacto nacional, especialmente cuando podrían llegar a la Corte Suprema.
El caso no es nuevo. En abril, el mismo juez había dictado una orden judicial preliminar para proteger los derechos procesales de migrantes que enfrentaban deportaciones a terceros países.
Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó esa orden en una etapa anterior del proceso. Posteriormente, el máximo tribunal volvió a intervenir al permitir que ocho migrantes fueran enviados a Sudán del Sur.
Esto refleja que el tema ya ha sido objeto de revisión por la instancia judicial más alta del país y que podría regresar nuevamente a ese nivel.
¿Por qué la deportación a terceros países es polémica?
La deportación a un país distinto al de origen genera cuestionamientos legales y humanitarios porque:
La persona podría no tener vínculos con ese territorio.
- No necesariamente habla el idioma.
- Puede enfrentar riesgos adicionales.
- Se dificulta comprobar si existen condiciones de seguridad.
Las leyes estadounidenses y tratados internacionales establecen que ninguna persona debe ser enviada a un lugar donde pueda sufrir persecución o tortura.
Por ello, el eje central del fallo es el derecho a un proceso adecuado antes de ejecutar la deportación.
¿Qué puede pasar ahora?
El caso probablemente escalará nuevamente ante la Corte Suprema. El gobierno puede:
- Solicitar que se suspenda el fallo mientras se resuelve la apelación.
- Defender la legalidad de la política ante tribunales superiores.
- Si la Corte Suprema decide atraer el caso, su resolución marcará el criterio definitivo sobre este tipo de deportaciones.
¿A quién afecta esta decisión?
La resolución impacta principalmente a:
- Migrantes indocumentados en proceso de deportación.
- Personas que podrían ser enviadas a terceros países.
- Autoridades migratorias encargadas de ejecutar expulsiones.
También tiene implicaciones en la política migratoria de Estados Unidos y en la relación con países que reciben a personas deportadas.
Contexto: un debate que sigue abierto
La política migratoria en Estados Unidos ha sido uno de los temas más controvertidos en los últimos años. Las decisiones judiciales han modificado en varias ocasiones la aplicación de medidas adoptadas por distintas administraciones.
Este nuevo fallo reabre el debate sobre los límites legales de las deportaciones y sobre el alcance de las protecciones contra la persecución.
Mientras el caso avanza hacia una posible revisión por la Corte Suprema, la situación jurídica permanece en transición.
Lo que está en juego no es solo una política específica, sino la interpretación de los derechos procesales que deben garantizarse antes de expulsar a una persona del país.
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