Claudia Sheinbaum anuncia inicio de investigaciones de “huachicól fiscal” con la apertura de 7 carpetas de investigacion y asegura que no se distinguirán jerarquías o filtraciones políticas
El llamado “huachicol fiscal” se refiere a esquemas de contrabando y evasión de impuestos.
Los órganos internos de control de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Guaymas, Tampico y Ensenada, así como de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México, iniciaron siete investigaciones contra funcionarios públicos por presunto “huachicol fiscal”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La respuesta fue enviada por escrito a los grupos parlamentarios del Senado, en el marco de la glosa de su Primer Informe de Gobierno, luego de que el Grupo Parlamentario del PAN solicitara detalles sobre las acciones emprendidas para investigar y desarticular redes de contrabando y evasión fiscal presuntamente operando dentro de instituciones gubernamentales.
¿Qué es el “huachicol fiscal”?
El llamado “huachicol fiscal” se refiere a esquemas de contrabando y evasión de impuestos, particularmente en el sector de combustibles, mediante la simulación de importaciones, subvaluación de mercancías o clasificación incorrecta de productos para evitar el pago de aranceles e impuestos especiales.
En los últimos años, las autoridades federales han señalado que estas prácticas afectan gravemente la recaudación y generan competencia desleal, especialmente en sectores estratégicos como el energético.
Siete investigaciones en curso
De acuerdo con la información oficial, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió siete investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas en áreas estratégicas vinculadas al sistema portuario y aduanero.
Las indagatorias se desarrollan a través de órganos internos de control y unidades centrales competentes, conforme al marco constitucional y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El objetivo es determinar posibles responsabilidades individuales y colectivas, tanto de servidores públicos como de particulares, en caso de acreditarse irregularidades.
El gobierno federal subrayó que los procedimientos se llevan a cabo con apego a los principios de:
- Legalidad
- Debido proceso
- Imparcialidad
- Presunción de inocencia
Asimismo, se enfatizó que las investigaciones se realizan “sin distinción de jerarquías, cargos o filiaciones políticas” y que no se anticipará responsabilidad alguna hasta la conclusión formal de los procedimientos.
Puertos y aduanas, bajo control de Marina
Los puertos y aduanas han sido considerados áreas estratégicas en la actual administración. En años recientes, el control operativo de estos recintos fue transferido a la Secretaría de Marina como parte de una estrategia para combatir el contrabando, la corrupción y el tráfico ilícito.
Las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona) señaladas en las investigaciones corresponden a:
- Guaymas
- Tampico
- Ensenada
Estos puntos son clave para el comercio exterior y el ingreso de combustibles y mercancías al país.
Posibles sanciones
La Secretaría Anticorrupción precisó que, en caso de acreditarse irregularidades, las investigaciones podrían derivar en la atribución de responsabilidades por faltas administrativas graves o no graves, conforme al marco jurídico vigente.
Entre las posibles consecuencias se encuentran:
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos
- Sanciones económicas
- Destitución
- En casos graves, posibles denuncias penales ante la Fiscalía correspondiente
Las autoridades no detallaron los hechos específicos que originaron las investigaciones, por lo que se espera que en las próximas semanas se amplíe la información conforme avancen los procedimientos.
El caso se da en un contexto de creciente presión política para reforzar la vigilancia en puertos y aduanas, considerados puntos sensibles para la seguridad nacional y la recaudación fiscal.
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