“Traicionados por el Estado”: Pueblos indígenas siguen esperando justicia 30 años después de Acuerdos de San Andrés
Durante el foro “Los Acuerdos de San Andrés, 30 años después: Pretensiones, avances, pendientes, exigencias”, los participantes hicieron un balance crítico del cumplimiento de estos compromisos firmados el 16 de febrero de 1996.
A tres décadas de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, representantes de organizaciones indígenas y participantes en los diálogos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) señalaron que persisten omisiones legislativas, recortes presupuestales y una deuda histórica en materia de representación política, autonomía y territorio.
El encuentro, impulsado por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez, reunió a líderes indígenas y académicos que participaron directamente en los diálogos de San Andrés o han dado seguimiento a los acuerdos.
Todos coincidieron en que, aunque hubo avances con la reforma constitucional de septiembre de 2024, los cambios han sido insuficientes y persisten prácticas de simulación en la representación política de los pueblos originarios.
¿Qué fueron los Acuerdos de San Andrés y por qué son importantes?
Los Acuerdos de San Andrés fueron compromisos firmados el 16 de febrero de 1996 entre el EZLN y el gobierno federal, con la mediación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Establecían bases para reconocer derechos y cultura indígena, autonomía, territorio y representación política
Carlos de Jesús Alejandro, representante indígena, recordó durante el foro que estos acuerdos “por cierto, fueron traicionados en ese momento por el Estado mexicano, al no aprobarse la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, mejor conocida como la Ley Cocopa”.
La importancia de estos acuerdos radica en que fueron el primer intento formal de reconocer los derechos de los pueblos indígenas desde una perspectiva integral.
Permitió detener la guerra en Chiapas y abrió espacios de participación institucional, aunque los avances sustantivos han sido limitados.
Uno de los señalamientos más contundentes durante el foro fue la omisión legislativa respecto a la ley reglamentaria derivada de la reforma constitucional de septiembre de 2024; de acuerdo con Carlos de Jesús Alejandro, el plazo para emitir esta ley venció en marzo de 2025.
“Este 17 de febrero se cumplen un año, cuatro meses y 17 días de esta omisión legislativa”, precisó el representante indígena.
Esta demora impide que los derechos reconocidos en la Constitución tengan mecanismos claros para hacerse efectivosm, sin una ley reglamentaria, las comunidades enfrentan obstáculos para ejercer su autonomía y acceder a recursos.
En materia de recursos económicos, las cifras presentadas en el foro muestran una tendencia a la baja.
El Anexo 10 del Presupuesto de Egresos, que concentra recursos para pueblos indígenas, ha sufrido recortes significativos en años recientes.
Estos ajustes presupuestales, explicó Carlos de Jesús Alejandro, han limitado la capacidad institucional para operar programas en regiones indígenas.
Menos recursos significa menor presencia de servicios básicos, salud, educación e infraestructura en las comunidades.
Los representantes indígenas alertaron también sobre el riesgo de que la futura ley reglamentaria se valide mediante consultas que no cumplan con estándares internacionales.
Exigieron que cualquier proceso de consulta respete los principios del consentimiento previo, libre e informado.
Representación política: ¿Cuántos indígenas hay en el Congreso?
Uno de los puntos más debatidos fue la baja representación de pueblos indígenas en espacios de toma de decisiones. La socióloga Griselda Galicia planteó una pregunta clave:
“Si tenemos más de 25 millones de personas que nos adscribimos indígenas y que nos reconocemos como indígenas, ¿por qué razón no tenemos en esa proporción la misma representación en el Congreso Federal?”
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay aproximadamente 25.7 millones de personas que se reconocen como indígenas, lo que representa cerca del 20 por ciento de la población nacional.
Sin embargo, su presencia en el Congreso no alcanza esa proporción.
Griselda Galicia denunció que, pese a las acciones afirmativas implementadas en los últimos procesos electorales, persisten prácticas de simulación. “Muchos de ellos sabemos claramente que siguen siendo cuotas de partido y que no representan los intereses de los pueblos indígenas”, afirmó.
La especialista advirtió que sin acceso real al poder político difícilmente habrá transformaciones profundas.
Si no tenemos acceso a la toma de decisiones, si no tenemos acceso a un poder político real, de verdad no vamos a poder hacer cambios que realmente generen el bienestar en nuestros pueblos. Esa es una transformación a medias y esa seguirá siendo la gran deuda de los pueblos indígenas”.
— Griselda Galicia.
Autonomía y territorio: Los temas que enfrentaron resistencia
Desde la experiencia directa en los diálogos de San Andrés, Abelardo Torres Cortés recordó que los acuerdos implicaban una reforma profunda del marco constitucional.
Sin embargo, temas centrales como autonomía, tierra, territorio, representación política y género encontraron fuertes resistencias.
“La cuestión de la autonomía, la cuestión de tierra y territorio, la cuestión de la representación política, la cuestión de género, pues estaban encorchetados ahí, difícil avanzar en esa parte, sobre todo por la resistencia de los operadores del gobierno federal”, apuntó Torres Cortés.
La desigualdad persiste: El contexto actual
Carlos de Jesús Alejandro hizo un comparativo entre 1994 y la actualidad para dimensionar la magnitud de los pendientes.
Recordó que la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas permitió detener el conflicto armado y abrir espacios institucionales, pero la situación de fondo no ha cambiado sustancialmente.
“Si la injusticia social para los pobres era grave en el 94, hoy en 2026 seguimos viviendo una situación también grave, la desigualdad, la inseguridad y la discriminación se han incrementado”, advirtió.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los municipios predominantemente indígenas continúan entre los de mayor rezago social y pobreza extrema en el país.
La brecha entre poblaciones indígenas y no indígenas persiste en indicadores como acceso a salud, educación, vivienda y servicios básicos.
Pese al balance crítico, los participantes reconocieron que ha habido algunos avances; Abelardo Torres Cortés mencionó específicamente la reforma constitucional de septiembre de 2024 como un paso importante, aunque insuficiente.
“Sí tenemos que reconocer que hay varios avances en la reforma de septiembre de 2024, son varios avances, pero también tenemos que decir que son insuficientes”, puntualizó.
Esta reforma reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
También estableció su derecho a decidir formas internas de convivencia y organización, así como a acceder de manera colectiva a recursos y servicios.
Sin embargo, la omisión en la ley reglamentaria impide que estos derechos se materialicen.
¿Qué sigue? Exigencias de las organizaciones indígenas
Los representantes indígenas plantearon durante el foro una serie de exigencias concretas:
- Cumplir con la emisión de la ley reglamentaria derivada de la reforma constitucional de septiembre de 2024, respetando los plazos legales ya vencidos.
- Garantizar consultas legítimas que cumplan con los principios de consentimiento previo, libre e informado establecidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Restituir los recursos presupuestales del Anexo 10 para fortalecer la incidencia institucional en regiones indígenas.
- Impulsar una representación política efectiva que supere las prácticas de simulación y las cuotas partidistas, para que los pueblos indígenas tengan voz real en las decisiones que les afectan.
- Retomar los temas pendientes de autonomía, tierra, territorio y género que quedaron encorchetados en los diálogos de San Andrés.
El foro en la Cámara de Diputados sirvió no solo para conmemorar los 30 años de los acuerdos, sino para recordar que su contenido sigue vigente como agenda pendiente.
Como señaló Griselda Galicia, mientras no haya acceso real al poder político y a la toma de decisiones, los cambios seguirán siendo a medias.
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