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Sentencian a 4 años de prisión y multa de 345 mil pesos por transportar a 31 migrantes sin documentos en Oaxaca; detención ocurrió en la carretera federal 200, tramo Juchitán–Tapachula, y FGR compara con caso en Sonora donde hubo condenas de más de 10 años

El 10 de febrero se dictó otra sentencia relacionada con delitos migratorios, esta vez en Sonora.

Sentencian a 4 años de prisión y multa de 345 mil pesos por transportar a 31 migrantes sin documentos en Oaxaca; detención ocurrió en la carretera federal 200, tramo Juchitán–Tapachula, y FGR compara con caso en Sonora donde hubo condenas de más de 10 años

Antonio “N” y Daniel “N” fueron sentenciados a cuatro años de prisión por transportar a 31 personas extranjeras sin documentos migratorios en el estado de Oaxaca.

La detención ocurrió tras un operativo en la carretera federal 200, en el tramo Juchitán–Tapachula, una vía clave en las rutas migratorias del sur del país.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), ninguno de los migrantes pudo acreditar su estancia legal en México y los conductores intentaron evadir a la autoridad, lo que derivó en una persecución.

El caso no es aislado. Días antes, en Sonora, tres hombres fueron condenados a más de 10 años de prisión por albergar a 36 migrantes con fines de lucro. Ambos hechos reflejan cómo operan las redes de tráfico ilícito de personas y cuáles son las consecuencias legales para quienes participan en estos delitos.

¿Cómo fue la detención en Oaxaca?

El operativo se realizó cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) llevaban a cabo labores de prevención y seguridad sobre la carretera federal 200.

Al marcarles el alto, los ocupantes de la camioneta intentaron evadir la revisión. Durante la maniobra causaron daños a un agente, por lo que se inició una persecución.

Al ser alcanzados, los elementos realizaron una inspección al vehículo. En el interior localizaron a 31 personas extranjeras, entre ellas cuatro menores de edad, originarias de Guatemala, Nicaragua y Chile.

Según informó la FGR, ninguna de las personas pudo comprobar su legal estancia en el país. Por ello, Antonio “N” y Daniel “N” fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Oaxaca.

¿Por qué esa zona es clave en el tránsito migratorio?

El tramo Juchitán–Tapachula forma parte de un corredor estratégico para personas migrantes que ingresan por el sur del país y buscan avanzar hacia el norte.

La región es considerada un punto de alta movilidad de personas provenientes de Centroamérica y Sudamérica. Por esa razón, la presencia de la Guardia Nacional se ha reforzado en tareas de vigilancia y revisión.

¿Qué delitos se configuraron y cuál fue la multa?

La Fiscalía indicó que los sentenciados violaron la Ley d e Migración al transportar extranjeros sin documentos con el propósito de obtener un beneficio económico y evadir la revisión de la autoridad.

El caso se resolvió mediante procedimiento abreviado. El 12 de febrero un juez de control dictó sentencia condenatoria.

Antonio “N” y Daniel “N” recibieron:

  • Cuatro años de prisión.
  • Una multa de 3 mil 334 días de salario mínimo, equivalente a 345 mil 869 pesos con 16 centavos.

Te puede interesar:Investigación sobre presunta participación de elementos de la Guardia Nacional en robo continúa: SSCBC

Caso similar en Sonora: condena de más de 10 años

El 10 de febrero se dictó otra sentencia relacionada con delitos migratorios, esta vez en Sonora.

Gildardo “B”, José “G” y Daniel “V” fueron sentenciados a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de cohecho y albergue de migrantes con fines de lucro.

La detención ocurrió en Sonoyta. En el lugar se localizaron 36 personas extranjeras originarias de India, Ecuador, Nepal y Pakistán.

Además de la pena de prisión, se les impuso una multa equivalente a 5 mil días.

¿Qué establece la ley sobre el traslado irregular?

La legislación mexicana sanciona a quien transporte, albergue o ayude a internarse en el país a personas extranjeras sin documentos, cuando exista la intención de obtener un beneficio económico.

Las penas pueden aumentar si se pone en riesgo la integridad de las personas, si hay menores involucrados o si se intenta evadir a la autoridad.

Las autoridades federales han reiterado que estos delitos pueden derivar en sanciones de prisión y multas económicas elevadas.

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