Venezolanos exiliados acusan a Sheinbaum de mentir sobre recepción de migrantes deportados desde EEUU

MÉXICO.- Venezolanos exiliados en Estados Unidos acusaron este viernes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de “mentir” y minimizar el papel del país en la recepción de migrantes venezolanos deportados por el gobierno estadounidense, así como de ocultar las condiciones de vulnerabilidad que —afirman— enfrentan estas personas en territorio mexicano.

La acusación fue hecha por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, a través de un pronunciamiento público en el que sostuvo que México ha recibido a miles de venezolanos deportados desde Estados Unidos en los últimos meses, mediante “acuerdos informales o coordinaciones humanitarias” que carecen de garantías legales y de protección efectiva para los migrantes.

Denuncia de abandono y falta de estatus legal

Según Veppex, el gobierno mexicano ha negado o minimizado su rol como país receptor de migrantes venezolanos deportados, presentando a México como un destino de tránsito seguro o humanitario, cuando —asegura— la realidad es de abandono institucional.

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“Hemos constatado con profunda indignación que la mandataria mexicana incurre en mentiras flagrantes al negar o minimizar el rol de México como receptor de venezolanos deportados desde Estados Unidos”, señaló la organización, que denunció que los migrantes son dejados sin ningún tipo de documento migratorio, ya sea refugio, asilo, visa humanitaria o permiso temporal de permanencia.

Esta situación, afirmaron, contradice las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien ha sostenido públicamente que México brindará apoyo humanitario a las personas migrantes que decidan permanecer en el país.

Condición irregular y riesgos extremos

De acuerdo con el pronunciamiento, los venezolanos deportados quedan en una condición de irregularidad absoluta, sin acceso legal al trabajo, a servicios de salud pública ni a una movilidad interna segura dentro del país.

Aunque el gobierno mexicano también ha prometido facilitar el retorno voluntario de migrantes a sus países de origen, Veppex sostuvo que, en la práctica, muchos venezolanos quedan forzados a salir por su cuenta, exponiéndose a rutas altamente peligrosas, ya sea atravesando México por tierra o recurriendo a embarcaciones privadas para continuar su trayecto.

Como ejemplo, la organización citó un naufragio ocurrido el martes pasado en el Caribe panameño, en el que una embarcación con 16 migrantes —en su mayoría venezolanos que habían quedado varados en México— se hundió, provocando la muerte de dos mujeres venezolanas y un ciudadano colombiano.

Posibles violaciones al derecho internacional

Veppex denunció que estas acciones y omisiones podrían constituir violaciones a los principios internacionales de no devolución (non-refoulement) y de protección a refugiados, establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, instrumentos internacionales de los que México es Estado parte.

En ese contexto, la organización acusó al gobierno mexicano de priorizar intereses políticos y migratorios con Estados Unidos por encima de la vida, la seguridad y la dignidad de miles de venezolanos que —aseguran— huyen de persecución política y crisis humanitaria.

Postura oficial del gobierno mexicano

Desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, en enero de 2025, la presidenta Sheinbaum ha reiterado que México no firmará un acuerdo para fungir como “tercer país seguro”, ni aceptará formalmente recibir migrantes de otras nacionalidades.

No obstante, ha señalado que, en caso de que personas deportadas de otros países lleguen a territorio mexicano, se les brindará asistencia humanitaria, postura que ahora es cuestionada por organizaciones de exiliados y defensores de derechos humanos.

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La denuncia de Veppex se suma a las crecientes críticas internacionales sobre la gestión regional de la migración venezolana y reabre el debate sobre la responsabilidad compartida de los países de tránsito y destino en la protección de personas desplazadas por razones políticas y humanitarias.

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