Morena va por reforma de las fiscalías Anticorrupción para eliminar a funcionarios que funcionan como “un empleado más” y permiten la infiltración del crimen organizado
La iniciativa plantea renovar fiscalías, auditorías y órganos de control para evitar la infiltración del crimen organizado y reforzar la fiscalización del dinero público y de los partidos, con cambios que podrían discutirse en el Congreso antes de abril.

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propone una reforma integral al Sistema Nacional Anticorrupción que incluiría cambios en fiscalías especializadas, auditorías y órganos de control, con el objetivo de evitar que funcionarios actúen como subordinados del poder político o permitan la infiltración del crimen organizado en las instituciones.
La iniciativa busca modificar procesos de designación, eliminar reelecciones en cargos clave y reforzar la fiscalización del dinero público y de los partidos.
De acuerdo con declaraciones del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar en entrevista con EL UNIVERSAL, el diagnóstico dentro de Morena es que, en algunos casos, fiscales y auditores han operado “como un empleado más” del gobierno en turno. Según el legislador, esta dinámica ha facilitado la penetración del crimen organizado en distintos niveles de gobierno.
El planteamiento forma parte de una serie de reformas que se discutirían en el actual periodo legislativo y que buscan reconstruir el sistema anticorrupción del país, modificar la fiscalización pública y reforzar controles sobre financiamiento político.
¿Qué propone Morena para reformar el sistema anticorrupción?
La iniciativa impulsada por Morena contempla una reestructura del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y de los órganos que lo integran. Entre los cambios principales se plantean:
- Renovar fiscalías anticorrupción y auditorías estatales y federales.
- Eliminar la reelección de auditores y titulares de órganos internos de control.
- Realizar foros ciudadanos y académicos para debatir perfiles de funcionarios.
- Fortalecer mecanismos de sanción y fiscalización.
- Erradicar el fuero de manera total.
- Blindar el sistema político frente a financiamiento ilícito.
El legislador afirma que el objetivo central es evitar que funcionarios de control y vigilancia se alineen con intereses políticos o criminales.
Cambios a fiscalías, auditorías y órganos de control
Uno de los ejes de la reforma es modificar la forma en que se designan y operan las fiscalías especializadas en combate a la corrupción y las auditorías.
Se propone que:
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregue informes en plazos más cortos.

- Se elimine la posibilidad de reelección del auditor superior y del titular de la Unidad de Evaluación y Control.
- Los procesos de designación incluyan consultas con sociedad civil y academia.
- Se prohíban vínculos familiares entre funcionarios de auditoría y autoridades públicas.
- Las decisiones dentro de la ASF sean colegiadas y no concentradas en una sola persona.
También se plantea que la entrega de informes de fiscalización se adelante. Por ejemplo, el informe general ejecutivo pasaría a presentarse el 20 de enero, en lugar del 20 de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal revisado.
Reforma electoral y control del financiamiento político
La propuesta anticorrupción se vincula con cambios al sistema electoral y de fiscalización de partidos.
Ramírez Cuéllar sostiene que el financiamiento ilegal es uno de los principales riesgos para las instituciones. En ese sentido, propone:
- Mayor revisión de ingresos y gastos de partidos políticos.
- Sanciones más severas a candidatos que reciban recursos ilícitos.
- Fortalecer el control sobre el dinero público destinado a campañas.
“El país requiere que la fiscalización del dinero de los partidos sea más estricta y que se castiguen con mayor dureza los vínculos con recursos criminales”, señala el legislador.
¿Qué pasará con el Sistema Nacional Anticorrupción y la participación ciudadana?
El diputado reconoce que el actual Sistema Nacional Anticorrupción enfrenta debilidades. En su diagnóstico, algunos de sus órganos han perdido capacidad operativa.

La reforma buscaría reconstruir el sistema y redefinir el papel de la ciudadanía. La participación ciudadana se enfocaría principalmente en:
- Presentar denuncias por corrupción.
- Participar en ejercicios de revocación de mandato.
- Dar seguimiento al desempeño de autoridades y legisladores.
Ramírez Cuéllar afirma que cualquier reforma debe garantizar que ningún funcionario tenga privilegios procesales para evadir la justicia.
Transparencia y fiscalización del Congreso
Otro componente de la iniciativa es reformar la Ley Orgánica del Congreso para reforzar la revisión de gastos y prerrogativas legislativas.
La propuesta plantea que:
- Diputados y senadores estén sujetos a mayor fiscalización.
- Se transparenten recursos y beneficios asignados a legisladores.
- Se fortalezcan mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El legislador considera que el Poder Legislativo también debe someterse a controles más estrictos para recuperar confianza pública.
¿Cuándo se discutiría la reforma?
Algunas propuestas ya fueron presentadas en la Cámara de Diputados. Se prevé que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, en abril, la Consejería Jurídica de la Presidencia envíe una iniciativa integral para reformar el Sistema Nacional Anticorrupción.
De avanzar, el debate se centraría en la renovación de órganos de control, la fiscalización del dinero público y la forma en que se combate la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Por qué este tema es relevante para la ciudadanía
La discusión sobre el rediseño del sistema anticorrupción impacta en la forma en que se vigila el uso del dinero público, se sancionan delitos y se previene la infiltración del crimen organizado en la política.
Para la población, los cambios podrían traducirse en:
- Nuevos mecanismos de denuncia.
- Mayor vigilancia sobre autoridades y partidos.
- Modificaciones en órganos de control y transparencia.
El debate legislativo determinará el alcance de la reforma y si se modifican de manera profunda las instituciones encargadas de combatir la corrupción en México.
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