Crematorio Plenitud: fiscal de Chihuahua advierte posible riesgo de fuga a Estados Unidos tras amparo que libera al propietario y anula prisión preventiva

Este sábado, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, advirtió que existe preocupación por un posible riesgo de fuga del propietario del establecimiento hacia Estados Unidos, luego de que un juez federal le concediera un amparo que dejó sin efecto su vinculación a proceso y la prisión preventiva que cumplía desde junio de 2025.

La información fue confirmada en entrevistas con medios locales y en la propia sentencia del caso.

El asunto combina dos frentes: por un lado, la resolución judicial que ordena liberar al empresario; por otro, la reacción de la Fiscalía, que reconoce la inquietud por su salida del país sssss su nacionalidad y a la magnitud del expediente.

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Seguramente, pero también hay procedimientos para eso”, respondió el fiscal cuando se le preguntó por el riesgo de sustracción, sin detallar qué medidas concretas se activarían.

Caso del Crematorio Plenitud: qué resolvió el juez

Un juez federal de Distrito concedió un amparo indirecto a José Luis A. C., propietario del establecimiento, y ordenó dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado siete meses antes por los delitos de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres. La resolución fue emitida por el titular del Juzgado Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez.

El fallo concluyó que no se acreditan los “verbos rectores” de los tipos penales imputados, por lo que no había base legal para mantener la vinculación ni la medida de prisión preventiva impuesta el 30 de junio de 2025.

Como consecuencia, se ordenó realizar una nueva audiencia para dictar un auto de no vinculación conforme a los lineamientos del amparo 746/2025-III, lo que implica la liberación del acusado.

Por qué el juez consideró que no hay delito penal

En su sentencia, el juez explicó que el delito de ocultamiento exige una intención deliberada de esconder los cuerpos. Señaló que el resguardo de restos en instalaciones cerradas forma parte de la operación de un crematorio y que el hecho de que los cadáveres estuvieran fuera de la vista pública no prueba, por sí mismo, una voluntad de ocultarlos.

El juzgador añadió que las irregularidades detectadas pueden constituir faltas administrativas, civiles o morales, pero no necesariamente penales. Para sostener ese criterio, citó precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la necesidad de acreditar la intención específica para configurar el delito de ocultamiento.

También se asentó que el establecimiento contaba con un aviso de funcionamiento emitido en julio de 2020 a nombre del empresario.

Qué dicen los antecedentes del expediente

De acuerdo con los registros del caso, entre marzo de 2022 y junio de 2025 el empresario, junto con otro implicado, mantuvo 386 cadáveres en estado de descomposición dentro del inmueble, sin realizar las incineraciones conforme a la ley ni contar con condiciones de preservación. El servicio de cremación debía prestarse a diversas funerarias de Ciudad Juárez.

Tras conocerse la resolución, el fiscal calificó la decisión como “grave” y sostuvo que no refleja el impacto del caso en cientos de familias de la ciudad.

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El riesgo de fuga y qué puede hacer la autoridad

Cuestionado por reporteros, el fiscal explicó que la preocupación surge por la nacionalidad del liberado y por la posibilidad de que, una vez fuera de prisión, abandone el país.

Reconoció el riesgo y dijo que existen procedimientos para atenderlo, aunque no precisó si se activaron medidas estatales o federales en ese momento.

En términos prácticos, estos casos suelen abrir la puerta a controles judiciales, alertas migratorias u otras medidas cautelares, siempre que una autoridad las solicite y un juez las autorice conforme a la ley.