Buscan que en adelante sea una persona con discapacidad quien dirija la política de inclusión; ciudadanos impulsan reforma para que este requisito sea obligatorio y no dependa de decisiones del gobierno en turno

La Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad en Jalisco vuelve al centro del debate público tras el inicio de una iniciativa ciudadana que busca modificar la ley estatal para que el cargo sea ocupado de manera obligatoria por una persona con discapacidad. Desde la creación del área, la mayoría de las designaciones han recaído en perfiles sin esta condición, lo que ha generado cuestionamientos sobre la representación en espacios de decisión, según información de Ṕroceso.

De acuerdo con información difundida por colectivos ciudadanos y promotores de la iniciativa, el objetivo es reformar la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco. La propuesta se impulsa a través de la plataforma Fírmale del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) y forma parte de un proceso de participación ciudadana.

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Cuántas firmas se necesitan y cómo avanza la iniciativa

La recolección de firmas comenzó hace alrededor de un mes y medio y suma cerca de 300 apoyos ciudadanos. Para avanzar en el proceso legislativo se requiere alcanzar 3 mil 500 firmas.

El colectivo Constituyentes encabeza la campaña y planea continuar con actividades en espacios públicos y plataformas digitales durante los próximos dos meses.

La iniciativa busca modificar el artículo 12 de la ley, que actualmente establece que la dirección debe ser ocupada “preferentemente” por una persona con discapacidad. Promotores del cambio señalan que esa redacción permite que el cargo sea asignado a personas sin esta condición.

Uno de los impulsores del proyecto, Óscar Curiel de la Torre, señaló:

“Esa palabra nos quita toda la posibilidad de que una persona con discapacidad esté obligatoriamente en ese espacio”.

La propuesta ciudadana

La iniciativa tomó fuerza tras la designación en enero de 2025 de una persona sin discapacidad al frente de la dirección. La actual titular cuenta con formación académica en educación especial y experiencia profesional, pero colectivos señalan que el debate no se centra en la capacidad técnica, sino en la representación directa de personas con discapacidad en cargos públicos.

Desde la creación del área, solo una persona con discapacidad ha encabezado la dirección. Otros titulares han sido perfiles sin discapacidad, aunque con experiencia en temas de inclusión.

Promotores de la reforma sostienen que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados a garantizar la participación de esta población en la toma de decisiones.

Curiel de la Torre explicó:

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“Quien vive el día a día de la discapacidad entiende realmente qué está pasando. Eso es lo más importante”.

Qué plantea la reforma a la ley estatal

La propuesta legislativa plantea:

• Eliminar el término “preferentemente”
• Establecer como requisito obligatorio que la dirección sea ocupada por una persona con discapacidad
• Exigir al menos tres años de experiencia en defensa de derechos
• Mantener requisitos profesionales para el cargo

Promotores de la iniciativa rechazan el argumento de que no existan perfiles capacitados.

“Hay que profesionalizarse para que el trabajo sea trascendente y no se dude de nuestra capacidad para dirigir”, señaló uno de los impulsores.

También sostienen que la decisión no debe depender del gobernador en turno, sino de un requisito legal claro.

Qué ha pasado en el Congreso de Jalisco

Una iniciativa similar fue presentada en septiembre por una legisladora local y permanece sin dictamen en el Congreso de Jalisco. La propuesta continúa en comisiones, entre ellas la de Asistencia Social, Familia y Niñez.

Aunque la ley establece que las iniciativas deben resolverse en un plazo máximo de 90 días, el proyecto lleva más de seis meses sin avance.

Promotores han iniciado labores de cabildeo con integrantes de la comisión dictaminadora. Señalan que existe disposición de diálogo, pero aún no se concreta un avance legislativo.

Participación ciudadana y lo que sigue

La iniciativa cuenta con respaldo de organizaciones dedicadas a la participación ciudadana y defensa de derechos. Activistas sostienen que las políticas públicas deben diseñarse con participación directa de las personas a quienes están dirigidas.

“Tiene que ser alguien que haya vivido la discapacidad quien pueda entender cómo hacer mejores políticas públicas”, señaló uno de los promotores.

La campaña de firmas continuará en los próximos meses. Si se alcanza el número requerido, la propuesta deberá ser revisada por el Congreso local.

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