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A pesar de que el matrimonio infantil fue prohibido en 2019 y catalogado como violencia de género, 237,175 niñas y adolescentes viven en uniones tempranas en México

La prohibición legal no ha sido suficiente. Factores como pobreza, usos y costumbres, y falta de oportunidades mantienen viva una práctica con severas consecuencias en salud y educación para las adolescentes.

A pesar de que el matrimonio infantil fue prohibido en 2019 y catalogado como violencia de género, 237,175 niñas y adolescentes viven en uniones tempranas en México

Tras años de prohibirse el matrimonio infantil en México, el fenómeno persiste de manera alarmante bajo formas menos visibles.

De acuerdo con cimacnoticias, actualmente, 237,175 niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años se encuentran casadas o en uniones tempranas, según el último Censo de Población.

Ante esta realidad, las autoridades nacionales y estatales de protección a la infancia emitieron un posicionamiento categórico: estas uniones constituyen una “grave vulneración a los derechos humanos” y una forma de violencia de género, que no pueden justificarse por usos, costumbres, pobreza o embarazo.

¿Qué son las uniones tempranas y forzadas?

Se refieren a cualquier arreglo formal o informal en el que al menos una de las personas es menor de 18 años.

El Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) es claro: “ninguna forma de unión antes de los 18 años es aceptable”.

Estas prácticas, que afectan de manera abrumadora a las mujeres (por cada hombre en esa situación hay tres niñas o adolescentes), están ligadas a:

  • Abandono escolar.
  • Embarazo adolescente.
  • Exposición a múltiples violencias.
  • Restricción severa de oportunidades de desarrollo.

El marco legal: una prohibición con fisuras

En 2019, una reforma al Código Civil Federal estableció los 18 años como edad mínima absoluta para contraer matrimonio, eliminando las dispensas legales.

Esta modificación siguió a un fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el matrimonio infantil.

Sin embargo, persiste un vacío crítico:

  • Uniones informales: 94% de los casos en 2020 correspondían a uniones no formalizadas (como el “robo” o “pedida” de la novia en algunas comunidades), las cuales son más difíciles de rastrear y perseguir.
  • Excepción en Yucatán: Es el único estado que aún permite dispensas mediante autorización del Poder Ejecutivo local, lo cual significa que puede exonerarse a un particular de cumplir esta ley.
  • Aplicación dispar: Un informe sombra presentado ante la ONU en 2025 advierte que “incluso en los estados donde se ha prohibido, este se realiza sin dificultad”.

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Las consecuencias en la vida de las niñas

Los datos revelan un impacto devastador en su salud, educación y seguridad:

  1. Salud: El 33% de las adolescentes casadas y madres no tienen afiliación a servicios de salud. Las complicaciones en el embarazo son la sexta causa de muerte en adolescentes de 15 a 17 años.
  2. Educación: Las niñas casadas antes de los 14 años tienen un riesgo mucho mayor de dejar la escuela que los niños en la misma situación.
  3. Violencia: Estas uniones las exponen a violencia doméstica, sexual, obstétrica y a una sobrecarga de trabajo de cuidados. El 70% de las que fueron madres antes de los 14 años probablemente enfrentaron violencia sexual.

Factores que perpetúan la práctica

Las causas son estructurales y se superponen:

  • Pobreza y falta de recursos: En muchos casos, la unión se ve como una estrategia para reducir la carga económica familiar.
  • Normas de género y tradiciones: Persisten ideas que asignan a las mujeres roles de madre y cuidadora desde temprana edad, especialmente en comunidades indígenas y rurales.
  • Falta de oportunidades: La limitada oferta educativa y laboral para las adolescentes en muchas comunidades cierra alternativas.

El compromiso de las autoridades y los retos

Las Secretarías Ejecutivas del SIPINNA anunciaron un plan de acción basado en:

  • Armonizar y aplicar cabalmente las leyes en todos los estados.
  • Promover el acceso y permanencia en la educación.
  • Impulsar la educación integral en sexualidad.
  • Fortecer los mecanismos de protección.

El desafío es enorme. Se requiere no solo de la aplicación estricta de la ley, sino de un trabajo profundo con comunidades, familias y líderes para cambiar normas sociales, ofrecer alternativas reales de vida a las adolescentes y priorizar, por encima de cualquier costumbre, su derecho a una vida libre de violencia y a decidir su propio futuro.

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