ONU advierte “grave riesgo” de tortura en centros de adicciones de México, pese a avances legales
Expertos del Subcomité para la Prevención de la Tortura señalan la brecha entre la ley y la práctica. Su alerta se suma a evidencias de que “anexos” operan como fachadas para reclutamiento forzado.
México cuenta con un sólido compromiso político y un marco legal avanzado para prevenir la tortura, pero existe una brecha profunda entre la ley y la realidad.
Esta es la conclusión central de expertos internacionales de la ONU, quienes tras una visita al país emitieron una alerta urgente: los centros de tratamiento de adicciones que operan sin regulación son focos de malos tratos y representan un riesgo grave.
La advertencia se suma a un contexto nacional donde estos lugares, conocidos como “anexos”, han sido vinculados incluso al reclutamiento forzado por el crimen organizado.
¿Qué es el Subcomité de la ONU y qué hizo en México?
El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) es un grupo de expertos independientes de la ONU.
Su mandato es visitar países para evaluar cómo se previene la tortura y los malos tratos a personas privadas de libertad.
México, al ser parte del protocolo correspondiente, tiene la obligación de permitir estas visitas sin obstáculos.
La delegación, encabezada por Carmen Comas-Mata, visitó México del 25 al 30 de enero de 2026. Fue su primera visita en una década.
Los expertos recorrieron cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos y centros de tratamiento de adicciones. También realizaron entrevistas confidenciales con personas detenidas y con personal a cargo.
Los avances reconocidos: la estructura que existe en el papel
Los expertos hicieron un reconocimiento explícito a los progresos de México en los últimos años. Se destacan tres puntos:
- La creación de un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) fortalecido, con un marco legal sólido y recursos adecuados.
- La adopción de leyes clave, como la Ley General para la Prevención de la Tortura en 2017.
- El establecimiento de fiscalías especializadas para investigar estos delitos.
La delegación valora positivamente el reforzamiento y el adecuado funcionamiento de un Mecanismo Nacional de Prevención sólido y profesional”, afirmó Comas-Mata.
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La alerta principal: el “grave riesgo” en centros de adicciones
El hallazgo más preocupante para la delegación se centró en los centros de tratamiento para adicciones, especialmente los privados que operan fuera de toda regulación.
- Situación observada: Los expertos documentaron “condiciones preocupantes y prácticas coercitivas”.
- Falta de regulación: Operan “al margen de un marco regulatorio adecuado”.
- Llamado a la acción: Carmen Comas-Mata fue clara: “Abordar esta situación requiere una acción urgente y decisiva por parte del Estado”.
Esta alerta no es aislada. Se enmarca en una serie de intervenciones recientes de autoridades mexicanas que han descubierto “anexos” que funcionan como fachadas para actividades criminales, desde entrenamiento de sicarios hasta centros de reclutamiento forzado y trabajo explotador.
Otros desafíos persistentes: entre la ley y la práctica
El informe preliminar señala otros dos problemas críticos que persisten:
- Investigaciones inefectivas: A pesar del buen marco legal, hay “persistentes problemas en la pronta y efectiva investigación de los actos de tortura y la lucha contra la impunidad”.
- Institucionalización involuntaria: La ley prohíbe recluir a personas contra su voluntad en estos centros, pero los expertos constataron que esta no es la realidad que se vive.
El contexto nacional: los “anexos” como fachada del crimen
La advertencia de la ONU conecta con una problemática ampliamente documentada en México.
De acuerdo con Animal Político, el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, han denunciado que algunos centros son utilizados por el crimen organizado para reclutar jóvenes.
La activista Indira Navarro describe un patrón: los internos son ingresados “de forma forzada o mediante engaños”, mantenidos en el anonimato y luego trasladados a zonas de conflicto.
Las estadísticas revelan la escala del descontrol. Según Nexos, mientras la Comisión Nacional de Salud Mental (Conasama) reconoce sólo 192 centros regulados a nivel nacional, se estima que operan cientos más de manera clandestina.
Operativos recientes en Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco han rescatado a decenas de personas en condiciones de hacinamiento, maltrato y explotación en estos lugares.
¿Qué sigue en el proceso?
El SPT entregará un informe confidencial al Gobierno mexicano con recomendaciones detalladas. Se alienta a México a hacer público este documento.
El siguiente paso depende de la voluntad del Estado para traducir sus leyes y mecanismos en acciones concretas que protejan a las personas en los centros de privación de libertad, especialmente en aquellos que hoy operan en las sombras. La implementación será la verdadera prueba del compromiso declarado.
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