El gobernador de Jalisco propuso prohibir candidaturas de personas con antecedentes criminales tras revelarse el historial penal de un diputado local

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, propuso que la próxima Reforma Electoral incluya cambios específicos para impedir que personas con antecedentes criminales por delitos graves puedan postularse y competir en procesos electorales para cargos de elección popular.

La iniciativa surge tras conocerse el historial judicial de un diputado local cuyo historial penal ha generado cuestionamientos públicos y políticos.

Lemus explicó que, aunque la definición de los requisitos corresponde al Poder Legislativo y a las autoridades electorales, la discusión sobre los límites entre derechos políticos y antecedentes penales es necesaria para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

México

PAN y PRI se lanzan contra la reforma electoral de Morena y la bautizan “Ley Maduro”, mientras el PT acuerda construirla con el gobierno y crece el choque político por el control del sistema electoral en México

¿Qué busca concretamente la propuesta?

Según las declaraciones del gobernador, la reforma debería considerar medidas como:

• Prohibir el acceso a candidaturas a personas con antecedentes por delitos graves.
• Endurecer los filtros de revisión de antecedentes antes del registro de aspirantes.
• Evitar que personas con historial delictivo participen en la elaboración de leyes, especialmente en temas de seguridad.
• Garantizar información completa sobre los aspirantes para que la ciudadanía pueda decidir con conocimiento.

Estas acciones, dijo Lemus, buscan proteger la integridad de las instituciones públicas y asegurar que quienes representen a la ciudadanía cuenten con trayectorias compatibles con el servicio público.

El caso que reavivó el debate

El planteamiento del gobernador se dio tras la difusión del historial judicial del diputado local Leonardo Almaguer Castañeda, del Partido del Trabajo (PT), quien estuvo en prisión en la década de los 2000 por delitos como robo calificado y delincuencia organizada.

Según expedientes oficiales, fue detenido en 2004 junto con una banda dedicada al robo de camiones repartidores y estuvo privado de la libertad durante casi tres años.

El caso llamó la atención porque, a pesar de los antecedentes, Almaguer ocupa actualmente una diputación de mayoría relativa por un distrito de Jalisco, lo que provocó cuestionamientos sobre cómo se validó su candidatura bajo los requisitos legales vigentes.

¿Qué dicen otros actores políticos?

A raíz de estos hechos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco criticó la situación y responsabilizó a Morena y sus aliados de permitir la postulación de personas con antecedentes penales, calificando la situación como un problema de integridad pública.

El PRI incluso propondrá reformas constitucionales para elevar los estándares de elegibilidad, incluyendo cartas de no antecedentes penales y pruebas de control de confianza como toxicológicos y psicométricos para aspirantes a cargos públicos.

El papel de las autoridades electorales

Aunque la iniciativa del gobernador propone límites a las candidaturas, la legalidad del historial penal no necesariamente impidió la candidatura de Almaguer bajo el marco actual.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco ha señalado que la postulación de personas con antecedentes penales no está necesariamente prohibida si se cumplen los requisitos establecidos por la Constitución del estado y el Código Electoral, lo que resalta las lagunas en las reglas vigentes.

Te puede interesar: Jalisco rechazó la reforma que permite que los menores cambien su identidad de género en documentos oficiales y la SCJN ordenó revisar el caso