Gobierno intervendrá para homologar la violencia vicaria y evitar que el delito se use fuera de su definición constitucional
Secretaría de las Mujeres busca homologar el delito de violencia vicaria en todo México, tras un caso en Coahuila donde fue aplicado de forma errónea contra una mujer, con intervención federal y revisión judicial
MÉXICO — La Secretaría de las Mujeres anunció que iniciará un proceso de diálogo con los congresos locales para homologar el delito de violencia vicaria en todas las entidades del país, con el objetivo de evitar que vuelva a aplicarse de manera incorrecta contra mujeres, como ocurrió recientemente en Coahuila.
Según lo señalado por la titular de la dependencia, Citlalli Hernández Mora, la intervención federal busca impedir que se repitan procesos penales que vulneren principios constitucionales y distorsionen el sentido jurídico de este tipo de violencia. La información fue difundida a través de un video oficial en redes sociales de la Secretaría de las Mujeres, de acuerdo con La Jornada.
Contacto con fiscalías y tribunales para corregir el caso en Coahuila
De acuerdo con declaraciones de Citlalli Hernández Mora, la dependencia también establecerá comunicación directa con la Fiscalía General del Estado de Coahuila y con el Tribunal Local, luego de que una mujer identificada como Stella N fuera vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria de manera que la funcionaria calificó como injusta.
“Vamos a hablar con la fiscalía y con el tribunal local para que se corrija esta injusticia”, afirmó la secretaria, al señalar que la actuación de las autoridades contraviene el principio constitucional que rige este tipo penal.
Acompañamiento directo a la madre vinculada a proceso
La titular de la Secretaría de las Mujeres confirmó que ya existe contacto directo con la madre afectada, quien fue vinculada a proceso bajo una definición equivocada de violencia vicaria. El acompañamiento tiene como finalidad garantizar que el caso sea revisado conforme a derecho y sentar un precedente para que no vuelva a utilizarse de manera indebida este delito en ningún estado del país.
“Buscamos que no vuelva a pasar en este país que se utilice de manera equivocada y que se violenten los principios constitucionales”, sostuvo la funcionaria.
Qué es la violencia vicaria según la ley vigente
De acuerdo con lo explicado por Hernández Mora, la violencia vicaria está claramente definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se trata de una violencia que se ejerce a través de una tercera persona, con el objetivo de causar daño a las mujeres, utilizando a hijas, hijos, familiares o personas cercanas.
“Es cualquier acto u omisión que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra hijas, hijos o personas allegadas, cuando existe o existió una relación de matrimonio o concubinato”, explicó.
La Suprema Corte y el criterio constitucional sobre violencia vicaria
Según recordó la secretaria, en 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad que dejó un criterio claro: la violencia vicaria sólo puede ejercerse contra mujeres, conforme al principio constitucional y a la definición legal vigente.
Este criterio, subrayó, impide que el delito sea utilizado para beneficiar a hombres en disputas legales o como herramienta procesal fuera de su marco jurídico.
No es discriminación, existen otros delitos aplicables
Hernández Mora rechazó que esta interpretación represente un acto de discriminación contra los hombres o los deje en estado de indefensión. Aclaró que existen otros tipos penales, como los relacionados con violencia familiar, que pueden ser utilizados por cualquier persona para proteger sus derechos.
“Queda claro que esta violencia sólo se ejerce contra las mujeres y que ninguna autoridad tendría que utilizarla para favorecer a algún hombre”, enfatizó.
Hacia una homologación nacional del delito
La Secretaría de las Mujeres adelantó que el siguiente paso será impulsar la homologación del tipo penal de violencia vicaria en todo el país, para evitar interpretaciones dispares entre estados y garantizar que su aplicación proteja a las mujeres, respete el marco constitucional y no se convierta en un instrumento de injusticia.
El caso de Coahuila, señaló la dependencia, marca un punto de alerta sobre la necesidad de uniformar criterios legales y reforzar la capacitación de autoridades encargadas de investigar y juzgar este tipo de delitos.
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