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Guanajuato, a un paso de despenalizar el aborto: la SCJN ordena al Congreso legislar antes del 15 de mayo

El plazo para legislar vence el 15 de mayo, y de no hacerlo, el cumplimiento podría darse por la vía judicial.

Guanajuato, a un paso de despenalizar el aborto: la SCJN ordena al Congreso legislar antes del 15 de mayo

MÉXICO.- Guanajuato se encuentra ante una definición histórica en materia de derechos reproductivos. El Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado atender la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, con la que se invalidan artículos del Código Penal local que aún criminalizan el aborto.

El plazo para legislar vence el 15 de mayo, y de no hacerlo, el cumplimiento podría darse por la vía judicial.

La resolución obliga a derogar disposiciones penales vigentes y abre un debate legislativo que, tras más de dos décadas, coloca a Guanajuato a un paso de despenalizar el aborto, según El Sol de León.

Con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, la Corte vincula al Congreso local a realizar los cambios legales necesarios para que dichas normas dejen de tener efectos. Foto: Archivo

¿Qué ordenó la Suprema Corte y por qué es obligatoria?

La SCJN determinó la inconstitucionalidad de los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal de Guanajuato, que sancionan la interrupción del embarazo.

Con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, la Corte vincula al Congreso local a realizar los cambios legales necesarios para que dichas normas dejen de tener efectos.

La instrucción no es opcional: el Congreso debe legislar o, de lo contrario, la despenalización se aplicará judicialmente, sin una reforma integral construida por el Poder Legislativo.

¿Qué artículos del Código Penal están en juego?

Entre las disposiciones vigentes destaca el artículo 160, que establece:

“A quien cause el aborto con el consentimiento de la mujer, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de diez a treinta días multa”.

Además, los artículos 11, 158, 159, 161, 162 y 163 contemplan sanciones y supuestos penales relacionados con el aborto.

La exigencia central es su derogación, para eliminar la criminalización y evitar efectos legales contra las mujeres.

¿Qué postura tiene el PAN y cómo responderá a la resolución?

El Grupo Parlamentario del PAN, que históricamente ha rechazado la despenalización (y ha desechado el tema en tres ocasiones desde 2000), reconoció que acatará lo que determine la SCJN, aunque mantiene su postura de defender la vida desde la concepción.

El coordinador del grupo, Jorge Espadas, declaró:

“Vamos a analizar la resolución de la Corte, pero estoy 100 % seguro de que la postura del grupo parlamentario sigue siendo exactamente la misma: defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y la posibilidad de investigar cualquier acto donde se prive de la vida al producto de la concepción y que este no haya sido provocado por presión, amenazas o violencia de una tercera persona hacia la mujer”.

Espadas adelantó que analizan una propuesta enfocada en evitar abortos impuestos por terceros mediante presión o violencia, y que esperarán a conocer iniciativas de otros grupos para valorar ajustes.

¿Existe libertad de voto para las y los diputados?

La diputada panista Jared González Márquez subrayó que los legisladores cuentan con libertad de voto:

“Nosotros somos legisladores y tenemos la libertad de votar, porque es uno de los derechos parlamentarios que tenemos”.

Añadió que la SCJN orienta y vincula jurídicamente, pero no impone el sentido del voto, y reiteró su convicción personal y política a favor de la vida.

¿Qué sigue en el Congreso y por qué es clave la vía legislativa?

La diputada Susana Bermúdez Cano, integrante de la Comisión de Justicia, señaló que en 2026 el Congreso deberá construir una reforma normativa que atienda la resolución por la vía legislativa, para evitar vacíos legales.

Advirtió que, si no se legisla, podrían eliminarse disposiciones relevantes, como la investigación y sanción cuando el aborto sea producto de coacción, amenazas o violencia sexual.

“Se tiene que analizar una reforma, porque no puede quedar inaplicable el eje central que es no permitir que ningún tercero obligue a una mujer a abortar”.

Más de 20 años de lucha: la visión de los colectivos

Para organizaciones de la sociedad civil, la coyuntura actual es resultado de más de dos décadas de trabajo. Verónica Cruz Sánchez, fundadora de Las Libres, recordó:

“Desde el año 2000 hemos avanzado muchísimo en la despenalización social del aborto. Guanajuato tiene un escenario interesante en términos de acceso, donde las mujeres están accediendo a través de redes de acompañamiento”.

No obstante, señaló que los avances han sido insuficientes, pues la decisión de las mujeres sigue estigmatizada, y recordó que desde 2021 el aborto debió despenalizarse tras criterios de la SCJN.

“Lo que deberíamos estar diciendo hoy es que hay que exigirles a los legisladores que legislen, porque se les paga para eso; y por otro lado, decirles a las mujeres que ya no es un delito, que es un derecho, y que incluso en Guanajuato existen opciones”.

¿Qué pasa en casos de violación y violencia sexual?

Nayelli Tello, fundadora de la Red de Acompañantas León, aclaró que el trabajo de los colectivos no busca fomentar el aborto, sino informar derechos desde 2017.Recordó que, en casos de violación, aplica la Norma Oficial Mexicana 046, que permite la interrupción legal del embarazo cuando existe violencia sexual.

“Muchas veces se dice que el aborto es el ‘curita’ de la violencia sexual y que los agresores quedan impunes. Eso no es cierto; nosotras siempre estaremos a favor de que la violencia sexual sea perseguida y castigada”.

No obstante, señaló que los avances han sido insuficientes, pues la decisión de las mujeres sigue estigmatizada, y recordó que desde 2021 el aborto debió despenalizarse tras criterios de la SCJN.

Reconoció que han acompañado menores de 13 y 14 años, así como mujeres adultas, generalmente en contextos de violencia ejercida por hombres mayores.

Guanajuato es uno de los ocho estados que aún no legislan la despenalización del aborto.

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