“Podemos viajar en Metro”, dice la SCJN tras críticas y decide no usar camionetas blindadas del Poder Judicial

La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no utilizar las nuevas camionetas blindadas, con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos por unidad, se tomó tras escuchar la crítica de la opinión pública y como parte de una política de austeridad que, afirmaron, no es simbólica.

Así lo sostuvo el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien incluso señaló que los integrantes del máximo tribunal pueden trasladarse en Metro, autobús o transporte público para el desempeño de sus funciones.

La postura fue expuesta durante una conferencia de prensa en la sede de la SCJN, encabezada por Aguilar Ortiz, junto con cinco ministros y el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, quienes explicaron las razones detrás de la compra de los vehículos y la posterior decisión de no usarlos.

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La información fue proporcionada directamente por autoridades del Poder Judicial de la Federación (PJF), como fuente oficial.

Por qué se adquirieron los vehículos

De acuerdo con los ministros, la compra de las camionetas formó parte de un proceso de renovación del parque vehicular del Poder Judicial, que contempla un total de 571 unidades. Los vehículos sustituidos correspondían a modelos de 2009, 2019, 2020 y 2021, muchos de ellos con deterioro mecánico y con blindaje que había superado su vida útil.

Hugo Aguilar Ortiz explicó que la decisión de adquirir nuevas unidades estuvo respaldada por evaluaciones técnicas y análisis de riesgo, y que no respondió a una situación de inseguridad personal, sino a criterios de seguridad vial, particularmente ante el aumento de traslados terrestres al interior del país.

En ese contexto, el ministro presidente subrayó que la adquisición se realizó bajo un proceso de negociación para reducir costos y con criterios de responsabilidad en el gasto público.

Estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera a un menor costo. Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta el Metro, no tengo problema”, dijo Aguilar Ortiz.

Austeridad y decisión de no utilizarlas

Pese a que la compra fue defendida por razones técnicas, los ministros informaron que, ante los cuestionamientos ciudadanos, el Pleno de la Corte acordó no utilizar las camionetas recientemente adquiridas, con el objetivo de actuar con austeridad sin comprometer la operación institucional.

Aguilar Ortiz insistió en que la austeridad no debe entenderse como un gesto simbólico, sino como una práctica constante, y reiteró que los ministros pueden desplazarse como cualquier ciudadano cuando sea necesario.

La seguridad no equivale a lujo”, señaló, al explicar que pueden realizar viajes oficiales en autobús, avión o incluso en sus propios vehículos.

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Seguridad vial, no seguridad personal

Los ministros subrayaron que las unidades sustituidas estaban diseñadas principalmente para uso urbano, lo que las hacía poco funcionales para recorridos largos por carretera o zonas rurales, cada vez más frecuentes en el desempeño de sus funciones.

En este contexto, Aguilar Ortiz reiteró que la seguridad no equivale a lujo, y que garantizar traslados seguros no debe confundirse con privilegios.

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Podemos ir a campo si hay necesidad en autobús, en vuelo o en nuestros propios vehículos. El ministro puede andar como cualquier ciudadano común”, afirmó.

Ahorros y cambios en el esquema de transporte

Por su parte, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, explicó que el Poder Judicial modificó su esquema de transporte al pasar del arrendamiento a la compra de vehículos, lo que permitirá que las unidades sean patrimonio del PJF y generará ahorros cercanos a mil millones de pesos en los próximos años.

Indicó que esta estrategia responde a criterios de austeridad, eficiencia y transparencia, y que las decisiones administrativas seguirán sujetas a revisión y escrutinio público.

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Qué pasará con los vehículos

La SCJN informó que 21 unidades serán puestas a la venta, mientras que los vehículos recientemente adquiridos podrán destinarse, dentro del marco legal, a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, sin afectar el funcionamiento del tribunal.

No obstante, pese a los cuestionamientos de la prensa, los ministros no precisaron qué vehículos utilizarán de manera habitual para el desempeño de sus funciones tras la decisión de no usar las camionetas blindadas.