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Personas con discapacidad en Durango rechazan impuesto a banquetas y piden que no se les “cargue” la factura

La iniciativa de la regidora Stephanie García plantea cobrar a comercios grandes por accesos vehiculares en banquetas para reunir 7 millones de pesos al año, pero organizaciones de discapacidad consideran que el mecanismo divide al sector y no garantiza inclusión.

Personas con discapacidad en Durango rechazan impuesto a banquetas y piden que no se les “cargue” la factura

En Durango se debate una iniciativa para crear un impuesto municipal dirigido a ciertos comercios por el uso de accesos vehiculares que ocupan espacio originalmente destinado a la banqueta.

La medida fue planteada por la regidora Nancy Stephanie García Manley como mecanismo de financiamiento para la eventual Dirección Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad.

La propuesta aún no ha sido aprobada y está en análisis en el Cabildo de Durango dentro del proceso de integración de la Ley de Ingresos 2026, según confirma El Sol de Durango.

Este cobro, planteado en la discusión presupuestal municipal, ha generado inquietudes entre asociaciones de personas con discapacidad y cámaras empresariales. Las dudas giran en torno a quiénes pagarían, cómo se usaría el recurso y si la medida realmente favorece a la inclusión.

¿Qué plantea exactamente la iniciativa?

La propuesta sugiere que los establecimientos de mayor escala —como tiendas de conveniencia, farmacias y bancos— paguen una cuota anual por cada acceso vehicular o cajón de estacionamiento que ocupa el espacio de banqueta.

La estimación oficial indica que esto podría afectar aproximadamente 300 comercios en la capital, con un cobro cercano a 5,000 pesos por cada cajón al año.

Según la regidora proponente, este impuesto ayudaría a financiar la operación de la Dirección Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, una dependencia que, de aprobarse, buscaría fortalecer servicios públicos e iniciativas de inclusión social.

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¿Para qué se usarían los recursos recaudados?

De acuerdo con la misma propuesta, los ingresos generados por este impuesto —que podrían sumar alrededor de 7 millones de pesos anuales— se destinarían a la creación y operación de la mencionada Dirección.

La intención es ofrecer servicios y programas dirigidos a personas con discapacidad en el municipio de Durango.

¿Por qué hay rechazo de parte de asociaciones?

Representantes de organizaciones de personas con discapacidad han señalado que no están de acuerdo con el mecanismo de financiamiento.

Argumentan que este impuesto podría verse como un castigo o una carga injusta tanto para los negocios como para las personas con discapacidad, cuando el objetivo debería ser promover la cohesión social y la inclusión.

También criticaron que las asociaciones no han sido incluidas formalmente en las discusiones de la comisión correspondiente, lo que consideran una falta de participación en un tema que les concierne directamente.

¿Qué dicen otros sectores sobre la propuesta?

Además de la crítica de grupos de personas con discapacidad, cámaras empresariales como CANACO han manifestado su rechazo a la medida por considerarla una carga adicional que podría afectar la operación de los comercios sin garantizar beneficios claros para la inclusión social.

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¿Está aprobado el impuesto?

Hasta ahora, no se ha aprobado ni implementado el impuesto. La propuesta es parte de la discusión en la Ley de Ingresos 2026, pero requiere la aprobación del Cabildo para convertirse en una obligación legal para los negocios de Durango.

¿Qué sigue en el proceso?

La iniciativa continúa en análisis dentro del proceso legislativo municipal. El Cabildo evaluará el texto final, incluyendo aspectos de financiamiento y regulación, antes de decidir si se integra o no a la Ley de Ingresos del municipio para 2026.

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