Organizaciones exigen revocar nombramiento de Francisco Garduño como director de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, señalado por tragedia en Ciudad Juárez cuando fungía como titular del INM

Un conjunto de aproximadamente veinte organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes ha manifestado un rechazo unánime a la designación de Francisco Garduño, quien fuera titular del Instituto Nacional de Migración (INM), como director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los colectivos, entre los que se encuentran el Centro Fray Matías de Córdova, el Centro Digna Ochoa, La 72 Hogar–Refugio, Chirla y el Servicio Jesuita a Migrantes, agrupados en el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, exigen la revocación “inmediata” del nombramiento.

Este hecho fue anunciado el 19 de enero por el titular de la SEP, Mario Delgado, quien señaló que la designación fue realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El núcleo de la controversia: impunidad y una tragedia pendiente

La oposición se centra en el papel de Garduño al frente del INM durante la tragedia del 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un incendio en una estación migratoria provocó la muerte de 40 personas migrantes.

Las organizaciones sostienen que su designación a un nuevo cargo público “es un acto que perpetúa la impunidad histórica que ha caracterizado la respuesta del Estado mexicano ante graves violaciones a derechos humanos”.

En un pronunciamiento público, los colectivos argumentan que con este tipo de decisiones “las instituciones premian la negligencia y la evasión de responsabilidades, al tiempo que ignoran deliberadamente el sufrimiento de las víctimas”.

Reiteraron su demanda de que se garantice una justicia integral para las víctimas y sobrevivientes de dicho incendio, caso que sigue pendiente de resolución completa.

Más allá del caso específico, las organizaciones plantean dos exigencias estructurales al gobierno:

1. Que se transparenten los criterios de selección para el nombramiento de directivos en la administración pública.
2. Que se ponga fin a la práctica de premiar con cargos públicos a funcionarios acusados de graves violaciones a derechos humanos.

Enfatizan que la “ausencia de información pública suficiente y de explicaciones claras sobre esta decisión alimenta una percepción de protección política, o al menos de tolerancia institucional frente a la falta de rendición de cuentas”.

La polémica designación coloca a Francisco Garduño al frente de los Centros de Formación para el Trabajo, dependencias de la SEP encargadas de capacitación técnica y laboral.

El cargo representa una nueva responsabilidad pública para el exfuncionario, cuya gestión al frente del INM continúa bajo escrutinio por los sucesos de Ciudad Juárez.

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La demanda de los colectivos exigen que la asignación de puestos de alto nivel considere no solo la experiencia, sino también la rendición de cuentas por hechos ocurridos en gestiones anteriores, especialmente cuando están vinculados a pérdidas humanas.