Caducan 102 iniciativas para proteger a los animales en México y el país sigue sin Ley General, pese a la reforma constitucional
A más de un año de la reforma constitucional que reconoce a los animales como seres sintientes, el Congreso dejó caducar 102 iniciativas y México sigue sin una ley general que garantice su protección.

A más de un año de que la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para reconocer a los animales como seres sintientes, México sigue sin una Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.
La ausencia de esta norma mantiene vacíos legales que afectan, sobre todo, a los animales criados para consumo humano. En el Congreso, 102 iniciativas relacionadas con el tema quedaron sin trámite y caducaron.
Hoy, sólo una propuesta permanece vigente en el Senado, aunque organizaciones civiles advierten que no ofrece una protección integral. La información fue expuesta por la organización Igualdad Animal y documentada en entrevista con La Jornada.
Una reforma constitucional sin ley secundaria
En 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que reconoce a los animales como seres sintientes.
El objetivo era sentar las bases para una ley general que garantizara su protección en todo el país. Sin embargo, esa ley no ha sido aprobada.
Para organizaciones defensoras de los derechos animales, la falta de legislación secundaria impide que el reconocimiento constitucional se traduzca en obligaciones claras para autoridades y particulares. En la práctica, la protección depende de normas locales desiguales y, en muchos casos, insuficientes.
Más de 100 iniciativas quedaron sin discusión
Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal, explicó que durante la legislatura anterior se presentaron 102 iniciativas de distintos partidos sobre protección animal. Ninguna fue discutida.
Al no recibir trámite legislativo, todas “caducaron”, lo que significa que quedaron sin efecto al concluir el periodo legislativo. Para la activista, este rezago refleja una falta de prioridad institucional en un tema que ya cuenta con respaldo constitucional.
La única iniciativa vigente y sus limitaciones
Actualmente, sólo una iniciativa permanece activa en el Senado. Fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No obstante, Ramírez señaló que la propuesta “queda muy lejos” de una ley de avanzada.
De acuerdo con Igualdad Animal, el principal problema es que excluye a los animales destinados al consumo humano, que representan el mayor número de animales bajo manejo humano en el país. Esto dejaría fuera aspectos clave del bienestar animal en la industria pecuaria.
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Una nueva propuesta desde San Lázaro
Ante este escenario, la organización civil anunció que impulsará una nueva iniciativa integral a través de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
El objetivo es que las comisiones de medio ambiente de ambas cámaras retomen el debate y trabajen con base en un proyecto que contemple a todos los animales, incluidos los de producción.
Ramírez no descartó que el estancamiento legislativo esté relacionado con presiones de sectores industriales, como la industria cárnica, aunque aclaró que no existen pruebas documentales al respecto.
Responsabilidad compartida entre niveles de gobierno
Uno de los ejes centrales de la nueva propuesta es que la protección animal no recaiga sólo en el gobierno federal. La iniciativa plantea responsabilidades claras para estados y municipios, tanto en prevención como en inspección y sanción.
Este enfoque busca evitar que la falta de coordinación institucional siga generando vacíos que permitan prácticas de maltrato o crueldad sin consecuencias.
El principio pro-animal y su alcance legal
La iniciativa también incorpora el llamado principio pro-animal, que establece que, cuando exista duda en la interpretación de la ley, la autoridad debe decidir en el sentido más favorable a los intereses del animal.
Este principio reconoce el valor intrínseco de la vida animal, más allá de su valor económico o comercial, y se alinea con estándares internacionales de bienestar animal.
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Los “cinco dominios” del bienestar animal
Durante las mesas de discusión organizadas por Igualdad Animal, se enfatizó la importancia de los cinco dominios del bienestar animal:
- Nutrición
- Ambiente
- Salud
- Comportamiento
- Estado mental
Estos criterios buscan garantizar no sólo la supervivencia física, sino también el bienestar psicológico y ambiental de los animales.
Según Ramírez, aplicar este enfoque obligaría a las empresas pecuarias a mejorar las condiciones de vida de los animales. Puso como ejemplo el enriquecimiento ambiental en gallinas, como permitirles rascar la tierra o tomar baños de arena, prácticas que influyen directamente en su bienestar.
Impacto presupuestal y prevención del maltrato
La directora de Igualdad Animal reconoció que la ley tendría impacto presupuestal, pero aclaró que el costo se distribuiría entre los distintos niveles de gobierno.
Además, subrayó que la falta de prevención genera gastos mayores cuando ocurren crisis por maltrato o crueldad. La propuesta contempla medidas básicas, como la presencia de veterinarios capacitados en instalaciones de producción animal y la capacidad de las autoridades para inspeccionar y supervisar.
Una conciencia social aún limitada
Ramírez reconoció que en la última década ha crecido la conciencia sobre la protección animal, pero advirtió que sigue siendo parcial.
“Seguimos buscando mejoras para perros y gatos”, explicó, mientras otros animales, como vacas, cerdos o gallinas, quedan fuera del debate público. Señaló que prácticas sistemáticas de la ganadería industrial generan menos indignación social, a pesar de su escala y gravedad.
Como ejemplo, comparó el rechazo social a las corridas de toros con la poca atención que reciben las condiciones de confinamiento de aves de producción, que pueden pasar años en jaulas sin poder extender las alas.
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Un pendiente legislativo de alto impacto
La falta de una Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal mantiene abierto un vacío legal que afecta a millones de animales en México. Aunque existe un mandato constitucional, su aplicación depende de que el Congreso retome el tema y discuta una ley integral.
Para organizaciones como Igualdad Animal, el reto no es sólo legislativo, sino también social: ampliar el debate y reconocer que la protección animal incluye a todos los seres sintientes, sin distinción por su uso económico.
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