Salinas Pliego se va de vacaciones el día que vence el plazo del SAT para pagar 51 mil millones de pesos en impuestos

El empresario Ricardo Salinas Pliego difundió en redes sociales que se va de vacaciones con su familia justo el día en que vence el plazo otorgado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar o manifestar su intención de cubrir 51 mil millones de pesos en créditos fiscales firmes, derivados de resoluciones definitivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La publicación se dio a conocer este viernes 23 de enero, fecha límite establecida por la autoridad fiscal una vez que el máximo tribunal del país dejó sin efecto los últimos recursos legales promovidos por empresas de Grupo Salinas.

La información sobre los créditos fiscales y el plazo de cumplimiento proviene del propio SAT y de resoluciones públicas de la SCJN, mientras que el mensaje del empresario fue difundido en su cuenta oficial de X.

México

SAT exige a Ricardo Salinas Pliego pagar 51 mil millones de pesos: estas son las empresas del Grupo Salinas directamente involucradas en los adeudos fiscales, según resoluciones de la Suprema Corte

El mensaje en redes sociales que coincidió con la fecha límite

En su cuenta de X, Salinas Pliego compartió imágenes del trayecto hacia un yate, el cual, según su propio mensaje, fue trasladado desde Europa al Caribe para pasar el fin de semana con su familia. En la publicación escribió:

Les enseño unos volcanes que vimos en el viaje rumbo a mi yatecito. Lo mandé traer desde Europa al Caribe para pasar el fin de semana con la familia hay que festejar”, acompañado de una imagen previa a abordar un helicóptero.

El mensaje generó reacciones debido a que fue difundido el mismo día en que vencía el plazo legal para atender la obligación fiscal determinada por las autoridades.

¿Por qué el SAT fijó este plazo?

De acuerdo con el SAT, una vez notificada la resolución judicial definitiva, las empresas involucradas contaron con cinco días hábiles para pagar los créditos fiscales o para comunicar formalmente su intención de hacerlo.

El marco legal que regula este proceso es el Código Fiscal de la Federación, el cual permite, en ciertos casos, acceder a facilidades administrativas, como reducciones en recargos y multas, siempre que exista voluntad de cumplimiento.

Este procedimiento se activó tras el fallo definitivo de la SCJN, que dejó firmes siete créditos fiscales en contra de empresas de Grupo Salinas.

Un litigio fiscal que se prolongó más de 16 años

La deuda forma parte de un conflicto fiscal que se extendió por más de 16 años.

El proceso llegó a su etapa final en noviembre pasado, cuando la SCJN negó los últimos amparos promovidos por el corporativo, con lo que quedaron firmes las resoluciones emitidas por la autoridad fiscal.

Según datos del SAT, el monto total de adeudos fiscales atribuidos al consorcio supera los 74 mil millones de pesos.

De esa cifra, 51 mil millones de pesos corresponden a los créditos ya determinados por la Corte, los cuales debían pagarse o, al menos, notificarse formalmente la intención de pago en la fecha señalada.

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¿Qué puede pasar si no se paga la deuda?

Si las empresas no pagan ni informan su intención de hacerlo, el SAT está facultado para iniciar un procedimiento administrativo de ejecución.

Este proceso puede incluir medidas como el embargo de cuentas bancarias, bienes y otros activos de las empresas involucradas, conforme a lo previsto en la legislación fiscal vigente.

Estas acciones no requieren una nueva resolución judicial, ya que los créditos fiscales fueron confirmados de manera definitiva por la SCJN.

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Silencio del grupo empresarial hasta el cierre de la edición

Hasta el cierre de esta edición, Grupo Salinas no ha informado públicamente si realizará el pago de los 51 mil millones de pesos ni si solicitará un esquema de regularización ante la autoridad fiscal.

Tampoco ha emitido un posicionamiento oficial sobre los pasos que seguirá frente a los créditos fiscales firmes.

El caso se mantiene bajo seguimiento público debido a su relevancia económica y legal, así como por el impacto que puede tener en la recaudación fiscal y en la aplicación de la ley a grandes contribuyentes en México.