El hallazgo de “La Nicholette” reaviva crítica de desigualdad en las búsquedas de desaparecidos; colectivo dirige carta al gobernador Rocha Moya por trato diferencial debido a influencias y visibilidad mediática

La reciente localización con vida de la influencer conocida como “La Nicholette” generó alivio y celebración en redes sociales, tanto como de sus allegados como seguidores y fans.

Sin embargo, para decenas de colectivos de búsqueda en Sinaloa, este feliz desenlace también funcionó como un espejo que reflejó una cruda y dolorosa desigualdad.

Mediante una carta pública dirigida al gobernador Rubén Rocha Moya, el colectivo Por las Voces en Justicia fijó una postura crítica que trasciende el caso individual.

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La misiva, difundida en redes sociales y escrita por su fundadora, Alejandra Martínez Carrizales, plantea una pregunta fundamental: ¿por qué algunos casos movilizan todos los recursos del Estado y otros, la mayoría, parecen condenados al olvido?

La búsqueda inmediata y efectiva no debería ser un privilegio, sino un derecho garantizado para cada persona desaparecida en el país, sin importar su visibilidad o recursos.

Alejandra Martínez Carrizales, quien durante cinco años ha buscado a su hermano, Ismael Alejandro, desaparecido en Mazatlán, publicó la misiva dirigida al gobernador del estado

El colectivo señala que la visibilidad mediática, las influencias y los recursos económicos actúan como detonadores de una respuesta institucional expedita. “Ismael no es influencer, ni mediático, ni tiene dinero o influencias pero su vida vale exactamente lo mismo”, se lee en la carta. Esta frase condensa el núcleo de la exigencia: la urgencia en la búsqueda debe basarse en el valor de la vida humana, no en variables de popularidad o poder.

Martínez Carrizales rememora uno de los primeros encuentros del gobernador Rocha Moya con colectivos al inicio de su administración. Según su relato, el mandatario estatal se presentó entonces con una declaración de solidaridad muy clara: “Hago mío el dolor de ustedes. Yo no hago demagogia con este tema; soy buscador de desaparecidos de la época de los desaparecidos políticos de los 70. He venido a escucharles, no quiero intermediarios”.

La activista recuerda que, en ese mismo encuentro, “entre lágrimas le pidió personalmente al gobernador la intervención en el caso de su hermano”.

Cuestionó por qué ese nivel de diligencia, recursos y atención mediática coordinada no se replica en los más de mil casos de desaparición que, según señalan, permanecen abiertos en Sinaloa y exige que el protocolo de “búsqueda inmediata y efectiva” se convierta en la norma para todos los casos, desde el primer momento de la denuncia, sin que las familias tengan que generar por sí mismas presión pública o mediática.

El colectivo concluye con un recordatorio sombrío y una responsabilidad clara: “En Sinaloa faltan miles de personas y entre ellas falta mi hermano”.

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