Rescatan jaguares y tigres de Bengala en cateo en Querétaro: Profepa inicia denuncia penal
Tras el aseguramiento del inmueble en Santa Rosa Jáuregui, los animales fueron trasladados a instalaciones especializadas.

Un cateo realizado por autoridades ministeriales en Querétaro en una propiedad de la Delegación Santa Rosa Jáuregui, el pasado 11 de enero, reveló una colección ilegal de fauna silvestre que incluye especies en peligro de extinción.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colabora ahora con la Fiscalía General del Estado para rescatar y atender a estos animales, mientras se inician procesos legales por delitos ambientales graves.
Esta es la información confirmada hasta el momento, según el comunicado oficial de Profepa, que detalla el destino de cada ejemplar y las acciones legales en curso.
¿Qué animales fueron rescatados y en qué estado se encontraron?
El cateo resultó en el aseguramiento de nueve ejemplares de fauna silvestre. La lista es preocupante por el estatus de protección de varias especies:
- Dos guacamayas verdes
- Tres pericos
- Un mapache
- Un jaguar amarillo
- Un jaguar negro
- Dos cachorros de tigre de Bengala
Un dato relevante, que complica el rastreo de su origen, es la falta de identificación oficial. La Profepa verificó sistemas de marcaje, pero la mayoría no contaba con dispositivos visibles. Solo uno de los jaguares cuenta con microchip, un elemento crucial para la investigación.
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¿Dónde están ahora los animales y quién los cuida?
El bienestar de los animales es la prioridad inmediata. La Profepa, dentro de sus atribuciones, actúa para garantizar su manejo adecuado.
El procedimiento ha sido escalonado según la urgencia y las necesidades de cada especie:
- Las aves: Las dos guacamayas y los tres pericos ya fueron trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS). Allí reciben atención médico-veterinaria especializada en instalaciones adecuadas.
- Los jaguares: Los dos ejemplares (negro y amarillo) fueron reubicados con apoyo del mismo PIMVS. El proceso incluyó contención química bajo protocolos veterinarios, toma de muestras y la revisión de identificación mencionada.
- Los cachorros de tigre: Los dos cachorros de tigre de Bengala (Panthera tigris) son el caso pendiente. Por ahora, permanecen en el inmueble asegurado, bajo resguardo de la autoridad. Se espera su canalización a un PIMVS que cuente con el espacio y manejo especializado que requieren, una vez que su situación jurídica lo permita.
¿Qué sigue en el proceso legal y qué riesgos enfrenta el responsable?
La posesión ilícita de estas especies no es un delito menor. La Profepa anunció que formulará la denuncia penal correspondiente.
Los hechos se enmarcan en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, el cual sanciona la posesión, trafico o daño a especies consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
Las penas pueden ser de uno a nueve años de prisión, además de una multa económica equivalente de trescientos a tres mil días de salario mínimo.
La colaboración entre la Fiscalía de Querétaro y la Profepa es clave. Mientras la primera sigue la línea de investigación penal original, la ambiental construye el caso por el delito contra la biodiversidad.
El microchip encontrado en uno de los jaguares podría ser una pieza fundamental para rastrear redes de tráfico de especies.
El tráfico de vida silvestre en México
Este caso no es aislado. Ilustra un problema constante: el tráfico y la tenencia ilegal de especies, que desgasta la biodiversidad mexicana.
Tanto el jaguar (el felino más grande de América) como el tigre de Bengala (especie asiática no nativa) son protegidos por tratados internacionales.
Su presencia en un domicilio particular evidencia fallas en los controles y una demanda clandestina que fomenta este mercado ilegal.
La labor de rescate y reubicación, a cargo de instancias como la Profepa y los PIMVS autorizados, es la respuesta inmediata a un problema que requiere, además, conciencia social y reporte ciudadano.
La posesión de fauna silvestre como “mascota” no es un símbolo de estatus, sino un delito que pone en riesgo la supervivencia de especies y conlleva consecuencias legales severas.
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