Defensa de los hermanos Farías insiste en que no pueden ser dados de baja por huachicol fiscal sin sentencia firme

México. — Este 21 de enero, la defensa del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías, ambos imputados por el delito de huachicol fiscal, emitió un comunicado en el que aseguró que no existe irregularidad en su demanda legal para mantenerse como miembros del servicio activo de la Secretaría de Marina y seguir recibiendo sus prestaciones, ya que no hay sentencia condenatoria en su contra.

Contexto del caso

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna permanece preso desde el 2 de septiembre de 2025 en el penal del Altiplano, mientras que su hermano se encuentra prófugo de la justicia. De acuerdo con información publicada previamente, el Vicealmirante presentó un amparo contra el procedimiento administrativo iniciado por la Armada de México para darlo de baja del servicio activo.

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La defensa, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, quien en el pasado representó a Rosario Robles, sostuvo que los imputados mantienen vigentes sus derechos laborales mientras no exista una sentencia firme que los declare culpables.

Argumentos de la defensa

En su posicionamiento público, el despacho de abogados subrayó que el principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 20 constitucional, aplica no solo en el ámbito penal, sino también en el administrativo y laboral.

“El respeto al Estado de Derecho exige no anticipar sanciones ni emitir juicios de culpabilidad fuera de los cauces institucionales”, señaló la defensa, agregando que la prisión preventiva que enfrenta el Vicealmirante es de carácter cautelar y no punitivo, por lo que no equivale a una condena ni implica la pérdida automática de derechos laborales o patrimoniales.

Condición militar y debido proceso

Los abogados recordaron que los hermanos Farías son militares de carrera, integrantes de la milicia permanente, y que su situación jurídica no puede equipararse a la de un empleo ordinario. Por ello, la separación definitiva del servicio, la baja o la suspensión de haberes únicamente deben derivarse de una sentencia ejecutoriada o de un procedimiento administrativo debidamente resuelto, con pleno respeto al debido proceso.

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“El hecho de que exista una investigación penal, una vinculación a proceso o incluso una orden de aprehensión no constituye una sanción ni autoriza legalmente a privar a una persona de derechos adquiridos sin una resolución firme”, concluyó la defensa, citando los artículos 14 y 16 constitucionales.