Tras reportes de filtraciones, Morena defiende que el registro de líneas móviles es fundamental para la seguridad; es “un paso esencial contra extorsión”, dice Ricardo Monreal

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, a través de una tarjeta informativa elaborada por su coordinador, el diputado Ricardo Monreal, defendió la medida como “un paso esencial en el combate a la extorsión” y explica los mecanismos para corregir fallas.

La postura se basa en los lineamientos oficiales aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CIFT) el 8 de diciembre.

El objetivo central: Eliminar el anonimato para combatir delitos

En México, la proliferación de líneas celulares no registradas o con datos falsos ha facilitado que delincuentes operen con impunidad.

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Delitos como la extorsión, el secuestro virtual y el fraude bancario encuentran un canal propicio en el anonimato que otorgaba la telefonía móvil.

La respuesta institucional, según expone el documento de Morena, fue establecer un marco que garantice que cada línea esté asociada a un usuario “real y verificable”.

La finalidad declarada es doble: disuadir la comisión de ilícitos mediante estos medios y proporcionar a las autoridades una trazabilidad que agilice las investigaciones.

Pese al objetivo de seguridad pública, el proceso de registro no ha estado exento de complicaciones. El propio diputado Monreal admitió en el documento que recientemente “algunos usuarios de telefonía móvil encontraron debilidades que podrían poner en riesgo información sensible de las personas”.

Estos reportes encendieron alertas sobre la seguridad informática de los procesos y la posibilidad de suplantación o filtración de datos personales.

Frente a estas preocupaciones, la tarjeta informativa de Morena detalla la ruta de acción emprendida:

1. Aclaración por parte de la empresa: Según el documento, “la empresa señalada explicó que solo se trató de una saturación”. Esto busca deslindar un fallo técnico momentáneo de una vulnerabilidad estructural o una brecha de seguridad masiva.
2. Investigación formal: Se informa que la Secretaría de la Función Pública (a la que el texto se refiere como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) inició una investigación para identificar irregularidades relacionadas con la “presunta filtración de datos personales durante el inicio de operaciones del registro”.
3. Mecanismos de sanción: El texto recalca que “las autoridades poseen las facultades de investigación y sanción al respecto”. Es decir, se afirma que existe un marco legal para investigar a las empresas concesionarias y, de comprobarse negligencia, aplicar sanciones.

El documento señala que “el resguardo de los datos personales de los usuarios no está a cargo del Estado, sino de las empresas telefónicas”. No obstante, enfatiza que esta delegación operativa no implica que el gobierno renuncie a su “responsabilidad de supervisar la protección y el cumplimiento de los derechos” sobre dicha información.

La postura del grupo parlamentario fue clara: Los beneficios de la medida en materia de seguridad pública son prioritarios y las fallas detectadas deben ser corregidas dentro del sistema, no ser motivo para desistir.

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“Pese a las dificultades que se han presentado recientemente, y que incluyen una posible vulneración de los datos personales”, se subraya que “existe la arquitectura institucional para corregir estas fallas”.