Abren investigaciones administrativas por accidente del Tren Interoceánico; no se descartan responsabilidades

Ciudad de México.— La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno abrió investigaciones administrativas para determinar si existieron omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores en los procesos relacionados con el accidente del Tren Interoceánico, informó la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro.

En declaraciones a medios de comunicación, la funcionaria explicó que, conforme a la Ley Orgánica, la Secretaría tiene la obligación de realizar auditorías a todas las dependencias y entidades del gobierno federal, especialmente cuando ocurre un “evento desafortunado y muy lamentable”, como el descarrilamiento del tren.

Auditorías reforzadas tras el descarrilamiento

Buenrostro confirmó que existen varias investigaciones abiertas y que, a raíz del accidente, se intensificará la revisión mediante un análisis más detallado y específico, con el objetivo de que se haga justicia y se esclarezcan los hechos.

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Precisó que las indagatorias no se limitan al descarrilamiento como hecho aislado, sino que buscan verificar si hubo fallas u omisiones en los procesos administrativos o contractuales por parte de funcionarios, empresas constructoras o proveedores que pudieran haber contribuido al siniestro.

Posible intervención de la FGR

La titular de la Secretaría Anticorrupción subrayó que las auditorías que realiza la dependencia son de carácter administrativo y no forense.

No obstante, aclaró que si se detectan posibles conductas delictivas, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que lleve a cabo las investigaciones penales correspondientes.

El accidente del Tren Interoceánico

El descarrilamiento ocurrió el 28 de diciembre en la región de Nizanda, en un tramo de la Línea Z, que conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.

Se trata de una zona con curvas pronunciadas y condiciones complejas para la operación ferroviaria, de acuerdo con información oficial.

El saldo del accidente fue de 14 personas fallecidas y alrededor de un centenar de lesionados, lo que generó una fuerte reacción social y demandas de esclarecimiento.

Exigen justicia y reparación del daño

Tras el siniestro, víctimas y familiares comenzaron a exigir el esclarecimiento de los hechos, así como atención médica integral y reparación del daño.

Al menos tres personas afectadas presentaron denuncias penales ante la FGR contra empresas constructoras, contratistas y servidores públicos, por presuntos delitos de lesiones y abuso de autoridad.

Las denuncias buscan establecer responsabilidades en el diseño, construcción, mantenimiento y operación del tramo ferroviario donde ocurrió el accidente, mientras las investigaciones administrativas continúan su curso.

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