Reforma electoral reaviva choque entre el INE y el Gobierno: consejeros exigen respeto a la autonomía constitucional, blindaje del presupuesto y recursos ligados al PIB, mientras el Ejecutivo rechaza la autonomía absoluta, cuestiona el financiamiento solicitado y fija como objetivo reducir el gasto electoral
Durante una sesión de aproximadamente hora y media, nueve de los once consejeros insistieron en que cualquier reforma debe apegarse al artículo 41 de la Constitución.
El debate sobre la reforma electoral volvió a colocar en el centro la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y el manejo de su presupuesto.
Durante la presentación de la propuesta de los consejeros electorales, el Gobierno federal anticipó que el organismo no conservará una autonomía absoluta ni contará con los recursos que solicita.
El intercambio dejó claras las posturas encontradas entre el INE y el Ejecutivo sobre cómo debe operar la autoridad electoral y cuánto debe costar su funcionamiento.
La información se desprende de la entrega formal de la propuesta de reforma electoral del INE y de las declaraciones del presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez.
¿Qué pidió el INE en su propuesta de reforma electoral?
Al entregar su propuesta, los consejeros electorales coincidieron en dos puntos centrales:
- Respetar la autonomía constitucional del INE.
- Establecer una fórmula que evite recortes presupuestales recurrentes.
Durante una sesión de aproximadamente hora y media, nueve de los once consejeros insistieron en que cualquier reforma debe apegarse al artículo 41 de la Constitución, que establece que el INE es “un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”.
La autonomía, eje del desacuerdo
Para los consejeros, la autonomía no es solo una definición legal, sino una condición práctica para garantizar elecciones imparciales.
En su planteamiento, la independencia del organismo pasa por contar con un presupuesto que no dependa de decisiones políticas anuales.
Esa autonomía pasa por respetar el presupuesto que se solicita”, señalaron durante la exposición.
La propuesta de un presupuesto ligado al PIB
Como alternativa, el consejero Martín Faz propuso que el presupuesto del INE tenga un carácter dinámico y esté vinculado al Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Estamos sugiriendo que sea un presupuesto de carácter dinámico vinculado al Producto Interno Bruto del País”, explicó.
La idea busca dar certidumbre financiera al instituto y evitar recortes discrecionales.
La respuesta del Gobierno: no a la autonomía absoluta
Pablo Gómez rechazó tanto la defensa de la autonomía en los términos planteados como la propuesta presupuestal.
El funcionario cuestionó el uso del concepto de autonomía para órganos administrativos.
Siempre me he opuesto a usar la palabra autonomía, porque autonomía quiere decir su propio gobierno y su propia ley”, afirmó.
Gómez aclaró que, a su juicio, los órganos como el INE no se gobiernan a sí mismos, aunque deben actuar con independencia técnica.
Los órganos administrativos no son eso… pero deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza”, puntualizó.
Buscan reducir el gasto electoral
Ante la propuesta de ligar el presupuesto al PIB, Gómez planteó un escenario contrario.
El funcionario recordó que uno de los objetivos centrales de la reforma electoral impulsada por el Gobierno es reducir el gasto electoral, lo que anticipa ajustes en el financiamiento del INE.
Te puede interesar: A pesar de verse afectados con la reforma electoral, ningún partido político presentó propuestas para cambiarla
¿Qué sigue en la reforma electoral?
El intercambio dejó claro que la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum no incorporará, al menos en los términos planteados por el INE, la autonomía absoluta ni la protección presupuestal solicitada por los consejeros.
El tema seguirá en discusión conforme avance la presentación y análisis de la iniciativa, en un contexto donde la autonomía del árbitro electoral y el costo de las elecciones vuelven a ser puntos clave del debate público.
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