La FGR tomará el caso contra Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, por presunto peculado de 98.6 millones de pesos tras decisión de un tribunal federal
Un tribunal federal resolvió que la investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos debe salir del ámbito estatal y ser atendida por la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación por el presunto delito de peculado por 98.6 millones de pesos atribuido al senador Javier Corral Jurado y a otros exfuncionarios del Gobierno del Estado de Chihuahua, luego de que un tribunal federal resolviera que el caso debe ser atendido por autoridades del fuero federal.
La decisión marca un giro relevante en un proceso que había sido llevado a nivel estatal y abre una nueva etapa jurídica en la que se revisarán pruebas, actuaciones y derechos procesales. La información fue confirmada mediante un comunicado del despacho Schütte & Delsol Abogados, firma que representa a la defensa, tras una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, órgano del Poder Judicial de la Federación.
¿Por qué la FGR atraerá el caso?
El Tribunal Colegiado resolvió el conflicto competencial 20/2025, determinando que corresponde a las autoridades federales conocer del expediente. Con ello, se instruyó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y el Juez de Control local se desistan del conocimiento del asunto y remitan la totalidad de los expedientes a la FGR.
Esta resolución se da luego de que la defensa solicitara formalmente que la FGR ejerciera su facultad de atracción, una herramienta legal prevista cuando existen condiciones que podrían afectar el debido proceso en el ámbito local.
Argumentos de la defensa para llevar el caso al ámbito federal
De acuerdo con el despacho Schütte & Delsol Abogados, la solicitud se sustentó en la presunta imposibilidad de garantizar en Chihuahua los fines constitucionales del proceso penal, así como el respeto a los derechos de las víctimas y de los imputados.
Entre los argumentos centrales, la defensa señaló que en el ámbito estatal no se permitió a los imputados presentar pruebas ni exponer argumentos, lo que, a su juicio, vulneraría el derecho de audiencia y el acceso a una resolución conforme a Derecho.
Se buscó que el caso fuera conocido por un tribunal federal que garantizara plenamente el debido proceso”, expuso la defensa en su comunicado.
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Audiencias, resolución y efectos inmediatos
Tras varias horas de audiencias, alegatos y desahogo de pruebas, se determinó que el caso debía salir del ámbito estatal. Este criterio fue ahora confirmado por el Tribunal Colegiado, lo que deja sin competencia a las autoridades locales y traslada la responsabilidad total a la FGR.
La decisión no implica, por ahora, una resolución sobre la culpabilidad o inocencia de los señalados, sino un cambio de jurisdicción que redefine quién investigará y resolverá el caso.
¿Qué sigue ahora en el proceso?
Con la atracción formal del expediente, la Fiscalía General de la República deberá:
- Analizar nuevamente las pruebas existentes
- Revisar los argumentos de ambas partes
- Determinar si existen elementos para continuar, ajustar o desechar la investigación
- Emitir una determinación conforme a Derecho, bajo estándares federales
Este nuevo análisis será clave para el futuro legal del caso y para definir si se judicializa o no ante instancias federales.
Un caso con impacto político y jurídico
El expediente involucra a un senador en funciones y a exintegrantes de un gobierno estatal, lo que coloca el caso bajo especial atención pública. Además, la atracción por parte de la FGR refuerza el debate sobre la imparcialidad de las fiscalías estatales y el papel del fuero federal en investigaciones de alto impacto.
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