Crisis en Chiapas: Redias denuncia partos forzados en niñas y exige acciones urgentes contra matrimonios y violencia sexual

Chiapas. — El 2 de enero de este año, en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se registró el parto de una niña tsotsil de 13 años, un hecho que la Red por los Derechos de las Infancia y Adolescencias en Chiapas (Redias) calificó como reflejo de la crisis de derechos humanos que atraviesa la entidad. La organización advirtió que el incremento de partos en niñas de entre 10 y 17 años, así como la persistencia de embarazos en menores de 14 años, no puede ni debe normalizarse, pues en su mayoría están vinculados a violencia sexual, uniones forzadas y fecundidad impuesta, prácticas prohibidas por la legislación nacional e internacional.

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Violencia estructural y falta de políticas públicas

Redias subrayó que este caso no es aislado, sino parte de un patrón que evidencia la violencia estructural y la ausencia de políticas públicas que garanticen el interés superior de la niñez y la adolescencia. La organización recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de derecho y prohíbe cualquier práctica que vulnere su integridad, incluido el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas.

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Exigencias a los tres niveles de gobierno

Ante esta situación, Redias exigió a las autoridades federales, estatales y municipales combatir los matrimonios forzados y las uniones tempranas, además de garantizar la identificación temprana y atención integral en casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes. También demandó el cumplimiento de la NOM 046-SSA, que establece el derecho de toda niña, adolescente o mujer víctima de violencia sexual a la interrupción legal del embarazo.

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Atención inmediata y restitución de derechos

La organización enfatizó la necesidad de asegurar que las niñas y adolescentes reciban atención médica inmediata sin criminalización ni revictimización, y que la Procuraduría de Protección correspondiente genere un plan de restitución de derechos que garantice la protección necesaria y la no repetición de la violencia.