Descarrilamiento del Tren Interoceánico: Víctimas anuncian denuncia penal; este lunes irán a la fiscalía de la CDMX e identifican a tres grupos de posibles responsables
Por ahora, la atención pública se centra en la respuesta que dará la Fiscalía General de la República.
MÉXICO.- El descarrilamiento de la Línea Z del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, pasó de ser un accidente ferroviario a un caso que podría escalar a instancias penales federales.
Personas lesionadas y afectadas por el siniestro aseguran que lo ocurrido no fue un error aislado ni un hecho fortuito, sino la consecuencia de fallas acumuladas en la construcción, rehabilitación y supervisión de una de las obras de transporte más relevantes del país.
Ante la falta de información clara por parte de las autoridades, las víctimas decidieron organizarse y llevar el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo legal, los afectados presentarán una denuncia formal para que se investiguen responsabilidades técnicas, administrativas y penales.
La información fue dada a conocer por los propios denunciantes y sus abogados, quienes señalaron que existen elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación a nivel federal.
¿Qué pasó en el descarrilamiento de la Línea Z?
El accidente ocurrió cuando un tren de la Línea Z del Tren Interoceánico se descarriló de forma aparatosa, dejando personas heridas y daños materiales.
Aunque el proyecto ha sido presentado como una obra estratégica para la conectividad del país, los afectados sostienen que desde el inicio de la rehabilitación de las vías existieron irregularidades que nunca fueron corregidas.
Según las víctimas, el siniestro era evitable y estuvo precedido por decisiones que privilegiaron los tiempos de inauguración sobre la seguridad de los pasajeros.
A quiénes señalan como responsables
El equipo legal de los afectados identificó tres grupos de posibles responsables, que serán incluidos en la denuncia penal:
- Constructoras, por el uso de materiales de baja calidad o por procesos de obra mal ejecutados.
- Contratistas, encargados directos de la rehabilitación de la Línea Z.
- Servidores públicos, por omisiones en la supervisión y por permitir que el tren operara sin cumplir condiciones mínimas de seguridad.
La denuncia busca que la FGR determine quién autorizó la operación del tren pese a las fallas detectadas y bajo qué criterios se aprobaron los trabajos.
Señalan fallas graves en obra y supervisión
En el documento difundido por las víctimas se afirma que las revisiones técnicas fueron insuficientes y que no existieron inspecciones profundas antes de poner en operación el servicio.
“Expondremos las irregularidades detectadas y las fallas en la supervisión que derivaron en este siniestro”, señala el comunicado.
Los afectados también cuestionan por qué los sistemas de seguridad ferroviaria no funcionaron para evitar el descarrilamiento y exigen que se transparenten los contratos relacionados con la rehabilitación de las vías.
Cuándo y dónde presentarán la denuncia
Las víctimas convocaron a medios de comunicación y a la sociedad civil a acompañarlos este lunes 5 de enero de 2026, a las 11:00 horas, en la delegación de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, ubicada en la colonia Doctores.
En ese punto ofrecerán un mensaje público para detallar el contenido de la denuncia y sus exigencias.
De acuerdo con los afectados, no buscan únicamente una compensación económica, sino que se establezcan responsabilidades penales.
¿Qué exigen las víctimas del accidente?
Los denunciantes señalan que su objetivo es doble:
- Que se castigue penalmente a quienes resulten responsables.
- Que se garantice que ninguna obra pública de transporte vuelva a operar sin condiciones reales de seguridad.
Bajo el lema #JusticiaParaTodos, los sobrevivientes esperan que el caso siente un precedente en la supervisión de proyectos de infraestructura y en el combate a la negligencia y posibles actos de corrupción.
La atención puesta en la FGR
Por ahora, la atención pública se centra en la respuesta que dará la Fiscalía General de la República. Los afectados advierten que darán seguimiento puntual al caso para evitar que la denuncia quede archivada.
Mientras tanto, las víctimas del descarrilamiento aseguran que continuarán alzando la voz hasta que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades por un accidente que, sostienen, nunca debió ocurrir.
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