Secretaría Anticorrupción sanciona a tres empresas por proporcionar información falsa en licitaciones federales

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones administrativas a tres empresas por proporcionar información falsa en procesos de licitación federal.

Las compañías Ravisa Autos Del Oriente, S.A. de C.V., Gen Industrial, S.A. de C.V., y Escore Alimentos, S.A. de C.V., recibieron multas económicas y una inhabilitación temporal de tres meses. Esto significa que no pueden participar, ni por sí mismas ni a través de terceros, en nuevos procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal.

Las resoluciones, notificadas entre el 18 y 19 de diciembre de 2025, se publicaron este día en el Diario Oficial de la Federación. Con estas medidas, la dependencia busca enviar un mensaje claro: “Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”.

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¿Qué hicieron las empresas sancionadas?

Según el boletín de la Secretaría, cada empresa cometió una falta similar en procedimientos de licitación diferentes, pero con un patrón común: presentar documentación oficial falsa.

• Ravisa Autos Del Oriente: Fue sancionada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía. Proporcionó una constancia de situación fiscal falsa en materia de aportaciones patronales. Este documento formó parte de su propuesta para la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, destinada a la “Adquisición de camionetas pick up doble cabina”.
• Gen Industrial: Fue sancionada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. Incluyó información falsa en la documentación de su propuesta para la licitación LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, relativa al “Servicio de Recolección de Residuos”.
• Escore Alimentos: También sancionada por la Secretaría de Salud, presentó una opinión falsa sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Esto ocurrió en la Licitación Pública Nacional LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, para la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”.

¿Cuáles son las consecuencias concretas de la sanción?

Las sanciones tienen dos componentes principales y un efecto práctico inmediato.

1. Multa económica: Ravisa Autos del Oriente deberá pagar 175,367 pesos; Gen Industrial y Escore Alimentos, una multa de 157,685 pesos.
2. Inhabilitación temporal: Las tres empresas quedan inhabilitadas por un periodo de tres meses para participar en cualquier procedimiento de contratación con el gobierno federal.
3. Inscripción en un directorio público: Las empresas quedan registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Este listado es de consulta pública y sirve como un mecanismo para que todas las dependencias del gobierno federal verifiquen que no contraten con entidades sancionadas durante el periodo de su inhabilitación.

La Secretaría Anticorrupción señaló que las medidas se emitieron conforme a la ley. Se aplicaron considerando criterios de proporcionalidad y la gravedad de la falta cometida.

Es importante precisar que, como establece el marco legal, las personas morales (las empresas) tienen el derecho a impugnar estas resoluciones ante las instancias correspondientes.

La dependencia afirmó que, si las empresas ejercen este derecho, “defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público”.

¿Por qué importa este tipo de sanciones?

Para el ciudadano, estos procedimientos pueden parecer distantes. Sin embargo, tienen un impacto directo en la calidad de los servicios públicos y en el uso honesto de los recursos que provienen de los impuestos.

• Protección del gasto público: Las licitaciones buscan obtener bienes y servicios de la mejor calidad al precio más justo. Cuando una empresa falsea información, distorsiona la competencia y puede obtener un contrato de manera irregular.
• Transparencia y rendición de cuentas: La publicación de las sanciones en el Diario Oficial y en un directorio público permite que cualquier persona consulte qué empresas han incurrido en faltas. Esto fomenta la transparencia.
• Cultura de la legalidad: Al sancionar estas conductas, se busca desincentivar que otras empresas intenten prácticas similares. El objetivo final es fortalecer la integridad de las compras gubernamentales en su conjunto.

La efectividad de estas medidas depende, en gran parte, de que las sanciones se apliquen de manera consistente y que el registro de empresas sancionadas sea consultado y respetado por todas las dependencias del gobierno.

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