Secretaría Anticorrupción investiga licitación de vales de despensa federales por más de 10,000 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que se encuentra investigando y dando seguimiento puntual al proceso de licitación pública nacional para la contratación de vales electrónicos de despensa destinados a los trabajadores de la Administración Pública Federal, cuyo monto máximo asciende a 10,338 millones de pesos.

La investigación se deriva de un procedimiento de inconformidad interpuesto el pasado 11 de diciembre por una de las licitantes, Toka Internacional, S.A. de C.V., en contra de la empresa adjudicataria, Servicios Broxel, S.A. de C.V.

Toka alega que la empresa ganadora no incluyó los precios unitarios en su propuesta económica, un requisito contemplado en las bases de la licitación.

El concurso, identificado como LA-06-400-006400001-N-19-2025, fue conducido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 28 de noviembre.

Su objetivo era contratar el servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el pago de la prestación de fin de año del ejercicio fiscal 2025, beneficiando a 206 instituciones federales.

El contrato tendría una vigencia del 8 al 31 de diciembre de 2025

• Monto mínimo estimado: 7,345 millones de pesos.
• Monto máximo estimado: 10,338 millones de pesos.

Según la SABG, Servicios Broxel resultó ganadora al ofrecer un descuento del 3.01% para el gobierno federal.

Toka Internacional había presentado un descuento del 2.84%. La diferencia porcentual, aplicada al monto multimillonario del contrato, representa una cifra significativa para las arcas públicas.

La queja se centra en un aspecto formal pero crucial: la supuesta omisión de los precios unitarios en la propuesta económica de Broxel.

La normativa de contrataciones públicas, como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, exige que las propuestas sean completas y cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria para asegurar transparencia y competencia leal.

Postura de la Secretaría Anticorrupción

En un comunicado, la SABG subrayó que el recurso de inconformidad es un medio legal previsto para que los participantes señalen posibles irregularidades.

La dependencia aseguró que el caso se resolverá conforme a las etapas y plazos establecidos en la normativa vigente, garantizando un análisis exhaustivo.

“La inconformidad es un medio legal mediante el cual los participantes en procedimientos de contratación pública pueden hacer del conocimiento de la autoridad posibles irregularidades, mismo que se resuelve conforme a las etapas y plazos previstos en la normativa vigente”, afirmó la Secretaría.

La SABG, como órgano de control, tiene la facultad de emitir recomendaciones e incluso impulsar procedimientos administrativos o legales si encuentra elementos de opacidad o irregularidad.

El resultado de esta investigación podría confirmar la adjudicación a Servicios Broxel, ordenar la descalificación de su propuesta o, en su caso, determinar la repetición del proceso licitatorio.

Ni la SHCP, ni las empresas involucradas, Toka Internacional y Servicios Broxel, han emitido declaraciones adicionales más allá del proceso formal ante la SABG.