Mientras México discute la vuelta de los “jueces sin rostro”, el blindaje frente al crimen organizado genera cuestionamientos por afectar garantías judiciales

Ciudad de México, diciembre de 2025. — La figura de los llamados “jueces sin rostro” regresó al centro de la agenda legislativa mexicana. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que en el arranque del periodo ordinario de 2026 se discutirá una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales y normas vinculadas a la delincuencia organizada, con el objetivo de resguardar la identidad de jueces y juezas en casos de alto riesgo, según El Diario MX.

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Monreal señaló que se trata de un tema ya conocido y lo colocó dentro del paquete de reformas sensibles que se procesarán a partir de febrero. Aunque no detalló el articulado, el mensaje político es claro: el Estado busca blindar a operadores de justicia frente a organizaciones criminales que han demostrado capacidad de intimidación, violencia y corrupción.

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Seguridad judicial frente a derechos fundamentales

El argumento central de quienes respaldan la reforma parte de una realidad documentada: jueces, fiscales y personal judicial enfrentan amenazas directas en procesos contra la delincuencia organizada. Para sus defensores, proteger la identidad del juzgador no busca limitar derechos, sino garantizar que las resoluciones se dicten sin miedo ni coacción.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y especialistas advierten que el anonimato judicial puede afectar principios básicos del debido proceso, como el derecho a un juez imparcial, la posibilidad de recusación y la publicidad del juicio. El riesgo, señalan, es que una medida excepcional termine normalizándose y debilitando los controles esenciales del sistema penal.

Experiencias internacionales como referencia

En América Latina, el antecedente más citado es Perú en los años noventa, cuando se implementaron tribunales con jueces sin rostro para juzgar delitos de terrorismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que ese esquema vulneró garantías judiciales, al limitar la defensa adecuada y la transparencia de los procesos.

Colombia también recurrió a figuras similares en contextos de violencia extrema, pero posteriormente su jurisprudencia acotó el uso de estos mecanismos, subrayando que la excepcionalidad no puede convertirse en regla. Estas experiencias pesan hoy en el debate mexicano y son utilizadas tanto por críticos como por legisladores para advertir los límites legales de la reforma.

Chihuahua y la frontera norte: el terreno más sensible

En estados como Chihuahua, donde el crimen organizado ha golpeado directamente a ministerios públicos, policías y jueces, el debate adquiere una dimensión concreta. La frontera norte concentra procesos penales de alto riesgo vinculados a tráfico de drogas, armas y personas, lo que convierte a operadores de justicia en objetivos potenciales.

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En Ciudad Juárez, la discusión sobre jueces sin rostro se cruza con una realidad histórica de violencia y con la presión binacional en materia de seguridad. Para algunos actores locales, proteger la identidad de juzgadores podría reducir riesgos inmediatos; para otros, el reto es evitar que la excepción se aplique de forma generalizada en regiones donde la justicia ya enfrenta desconfianza social.