Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / México / Genaro García Luna

La defensa de Genaro García Luna apela sentencia de 38 años ante presuntos errores procesales que invalidan el juicio

La defensa del exsecretario de Seguridad Pública impugna la sentencia de 38 años; alega irregularidades en el juicio y ocultamiento de pruebas.

La defensa de Genaro García Luna apela sentencia de 38 años ante presuntos errores procesales que invalidan el juicio

La historia legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, entra en una fase decisiva.

Este viernes 18 de diciembre, su equipo de defensa formalizó la apelación contra la sentencia que lo condenó a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos. Esta apelación representa el último recurso legal para impugnar un veredicto que calificó de “irremediablemente contaminado”.

La batalla judicial, que ha expuesto vínculos profundos entre el poder y el narcotráfico, se traslada ahora a un tribunal de apelaciones, un proceso que podría prolongarse hasta por dos años.

¿Qué es exactamente lo que apela la defensa de García Luna?

De acuerdo con El Universal, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib presentaron un documento de 78 páginas. En él, no cuestionan directamente la culpabilidad o inocencia de su cliente; en cambio, apelan sobre errores procesales que, según su postura, invalidaron el juicio.

La defensa sostiene que el proceso quedó viciado desde su base. Su objetivo es que un tribunal superior anule la sentencia y ordene un nuevo juicio.

La apelación se centra en cinco argumentos principales:

  1. Testigos falsos y evidencia oculta: Alegan que el gobierno presentó testigos que mintieron y, lo más grave, ocultó “material Brady”. Este término legal se refiere a evidencia que puede beneficiar al acusado y que la fiscalía está obligada a compartir.
  2. Limitaciones en el interrogatorio: Argumentan que se les impidió contrainterrogar de manera completa a testigos clave. Esto habría limitado su capacidad para cuestionar la credibilidad de quienes declararon en su contra.
  3. Evidencia “perjudicial” e irrelevante: Sostienen que la fiscalía introdujo pruebas de valor limitado que desviaron la atención del jurado, creando un “mini-juicio” indebido y perjudicial para García Luna.
  4. Acceso a información clasificada: Afirman que al negar el acceso a ciertas pruebas clasificadas, el tribunal violó su derecho a presentar una defensa completa.
  5. Errores en la sentencia: Finalmente, alegan que el juez Brian Cogan se basó en información errónea para dictar una condena que consideran “sustantiva y procesalmente irrazonable”.

El contexto ineludible: la condena histórica

Para entender la magnitud de esta apelación, es necesario recordar el veredicto. En octubre de 2024, un jurado federal en Nueva York declaró a García Luna culpable de cinco delitos graves, incluida conspiración para distribuir cocaína. La fiscalía demostró que, entre 2001 y 2012, el exfuncionario recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.

A cambio, brindó protección, información sensible y ayudó a eliminar competidores. Esta colaboración permitió el tráfico de toneladas de droga hacia Estados Unidos.

El juez Cogan fue contundente al emitir la sentencia de 38 años y una multa de 2 millones de dólares, señalando que García Luna había ayudado “durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.

Actualmente, el exsecretario cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, considerada una de las más duras del sistema penitenciario estadounidense.

¿Y qué pasa en México? La investigación no se detiene

Mientras la apelación avanza en Estados Unidos, las repercusiones en México continúan. Recientemente, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la Ciudad de México a María Vanesa Pedraza Madrid, identificada como asesora de García Luna durante su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Su detención no está directamente vinculada al caso estadounidense, sino a investigaciones locales sobre el desvío de millones de pesos del sistema penitenciario federal.

La FGR investiga si estos recursos tenían un origen ilícito, presuntamente procedente de la delincuencia organizada.

Este caso paralelo ilustra cómo las consecuencias de los actos de esa época siguen desarrollándose en la justicia mexicana.

¿Qué sigue en el proceso de apelación y cuánto tardará?

La presentación de la apelación era el primer paso formal. Ahora, el caso pasa al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. El proceso es metódico y puede ser largo:

  • Intercambio de escritos: La defensa deberá presentar un escrito detallado que expanda sus argumentos. Luego, la fiscalía tendrá la oportunidad de responder con sus contraargumentos.
  • Posibles audiencias orales: El tribunal puede convocar a una audiencia donde ambos bandos expongan sus puntos verbalmente.
  • La decisión: Finalmente, un panel de jueces de apelación emitirá un fallo. Este puede tomar entre seis meses y dos años.

Las opciones para el tribunal de apelaciones son varias: puede confirmar la sentencia, ordenar la realización de un nuevo juicio, o incluso revertir la condena, aunque esta última es la menos común.

La presentación de este recurso dentro del plazo legal, tras una prórroga concedida, asegura que la batalla por la sentencia de uno de los funcionarios mexicanos de más alto nivel jamás condenados en el extranjero está lejos de terminar.

El sistema de justicia estadounidense pondrá a prueba, una vez más, la solidez de las pruebas que llevaron a un histórico hombre de la seguridad nacional a la prisión de máxima seguridad.

Te puede interesar: “Pagamos y listo”: Salinas Pliego responde al SAT tras adeudo fiscal de 51,000,000,000 de pesos

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Temas relacionados

HISTORIAS