La Corte IDH y la CNDH documentan abusos del Ejército en México, sentencias por tortura y ejecuciones arbitrarias muestran que la militarización sigue generando violaciones a derechos humanos

MÉXICO — Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) muestran cómo, a casi 20 años del inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, declarada en el sexenio de Felipe Calderón, los abusos en el uso de la fuerza por parte del Ejército siguen siendo un problema sin solución, de acuerdo con El Economista.

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La sentencia por el caso Ernestina Ascencio Rosario

La Corte IDH informó el 16 de diciembre su sentencia contra el Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en 2007.

Sonora

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Ernestina, mujer náhuatl de 73 años, fue violada por integrantes del Ejército mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz, en un contexto de despliegue militar derivado de la estrategia de seguridad iniciada en 2006.

La Corte concluyó que la agresión constituyó un acto de tortura, que el Estado incumplió su deber de brindarle atención médica adecuada y que estas omisiones derivaron en su muerte.

Además, determinó que las autoridades mexicanas negaron a sus familiares el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, al reproducir estereotipos de género, edad y origen indígena, incluso desde las más altas esferas del poder.

CNDH responsabiliza al Ejército por la muerte de dos niñas

Por su parte, el Centro ProDH informó que la CNDH responsabilizó a elementos del Ejército mexicano por la muerte de Leidy y Alexa, niñas de 7 y 11 años, ocurrida durante un operativo contra el crimen organizado en mayo de 2025.

La recomendación 201VG/2025 —la primera por violaciones graves durante la administración de Claudia Sheinbaum— reconoció que las menores fueron ejecutadas de manera arbitraria mediante el uso indebido de la fuerza militar.

El documento también acreditó violaciones a los derechos de las niñas, a la integridad personal de los sobrevivientes y al derecho a la familia.

Riesgos de la militarización en seguridad pública

En un comunicado, el Centro ProDH advirtió que este caso refleja los riesgos del despliegue militar en tareas de seguridad pública y la ausencia de medidas efectivas de no repetición.

Recordó que la familia de las niñas ya había sufrido abusos militares en 2008, lo que evidencia un ciclo de violencia e impunidad no resuelto. Para la organización, la recomendación de la CNDH es relevante, pero insuficiente, al omitir un análisis profundo de la política de militarización y no cuestionar de fondo el papel de la justicia militar ni los retrasos en investigaciones civiles.

Investigación y prisión preventiva

Inicialmente, las autoridades informaron que las muertes ocurrieron en una confrontación con presuntos delincuentes. Sin embargo, el 11 de noviembre, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, informó que los elementos involucrados estaban en prisión preventiva.

Sonora

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“Se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República de inmediato, y también con la Fiscalía General de Justicia Militar. En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión; se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos que están involucrados. Y la Fiscalía General de la República lleva el seguimiento por el tema del homicidio en donde se vieron afectadas las dos niñas”, indicó el funcionario.

Recomendaciones por violaciones a derechos humanos

Entre 1990 y 2025, la CNDH ha emitido más de 4,300 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, de las cuales 784 corresponden a violaciones graves, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.

Por periodos de gestión, el mayor número se concentró en 2019-2024, con 1,210 recomendaciones, equivalentes al 42.83% del total histórico. Le siguen 2014-2019 con 430, 2009-2014 con 416, y 1999-2009 con 567. En la gestión 2024-2029, aún en curso, ya se acumulan nuevos señalamientos.

Entre los derechos más vulnerados destacan el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, integridad personal, vida, libertad personal, protección de la salud y trato digno e igualdad.

Las resoluciones recientes de la Corte IDH y la CNDH vuelven a colocar en el centro del debate la militarización de la seguridad pública, los mecanismos de rendición de cuentas y la necesidad de garantías efectivas de no repetición.

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